La Cámara Primero de lo Penal decidió quitarle el caso de Maximiliano González, conocido como el “Gordo Max”, al juez Séptimo de Instrucción, Miguel García Argüello.
El juez Octavo de Instrucción, Mario Mira Montes, llevará ahora el caso del “Gordo Max”, del empresario José Denis Regalado O’Sullivan, Luis Alonso Marroquín y Enrique García Arévalo, todos acusados del delito de remuneraciones por actos sexuales, y quienes guardan prisión desde principio de año.
El 20 de mayo pasado, el abogado defensor del “Gordo Max”, Edgar Morales Joya, exigió que el juez García Argüello se recusara del caso, es decir, que se apartara del proceso judicial.
Morales Joya, quien llevó el caso del expresidente Francisco Flores y que actualmente lleva el del “Gordo Max”, manifestó que solicitó la recusación de García Argüello, para que se aparte del caso por “ser parcial”. El defensor justificó que el juez presentó una denuncia en contra de él cuando este defendía al expresidente Flores.
El abogado confirmó que la recusación fue envida a la Cámara Primera de lo Penal y esperaba la resolución, aunque ya han habido dos casos más en los que la Cámara ha denegado la petición.
Por su parte, el juez Mira Montes fue denunciado desde la semana pasada por ser considerado “juez parcial”. La denuncia fue puesta por los abogados del empresario Enrique Rais.
También, una acción catalogada como de total parcialidad, fue que Mira Montes no permitió el ingreso de los abogados defensores a la audiencia que se realizó en contra del exjuez Aurora Giammatei quien es acusado de prevaricato, y a quien le negaron medidas sustitutivas.
Los abogados José Campos Ventura y Hernán Cortez denunciaron la acción del juez Mira Montes, y expresaron no entender por qué se les impidió el ingreso mientras que solo se permitió el ingreso a la defensa del peticionario y a la parte acusadora pese a que se hicieron presentes las demás partes al proceso.
“El juicio es público, no tiene reserva, por lo tanto cualquier persona tiene derecho a acceder a la audiencia por razones de transparencia judicial aún más las partes acreditadas al proceso”, dijo por su parte Cortez.
Por tratarse de un caso en el que las víctimas son menores de edad, el juez decretó reserva al proceso, a petición de la Fiscalía.
La Fiscalía vinculó al “Gordo Max” con una red de prostitución de menores que tenía una peculiaridad para engañar a sus víctimas, pues los encargados de la misma ofrecían a jóvenes trabajos de edecán y modelaje con altos salarios, pero al momento de la supuesta reunión para la contratación, las víctimas eran entregadas a los “clientes”, quienes abusaban sexualmente de ellas.
Según Fiscalía, quienes realizaban estas acciones también les entregaban apartamentos a los “clientes” para que estos tuvieran relaciones sexuales con las menores o en otras ocasiones pasaban recogiendo a las víctimas en centros comerciales.
