El juez 8 de Instrucción de San Salvador Mario Mira Montes le negó el ingreso a los abogados del empresario Enrique Rais a la audiencia que se realizó en contra del exjuez Aurora Giammatei quien es acusado de prevaricato, y a quien le negaron medidas sustitutivas.
Los abogados José Campos Ventura y Hernán Cortez denunciaron la acción del juez Mira Montes, y expresaron no enteder por qué se les impidió el ingreso mientras que solo se permitió el ingreso a la defensa del peticionario y a la parte acusadora pese a que se hicieron presentes las demás partes al proceso.
“El juicio es público, no tiene reserva, por lo tanto cualquier persona tiene derecho a acceder a la audiencia por razones de transparencia judicial aún más las partes acreditadas al proceso”, dijo por su parte Cortez.
“No nos fue notificada la resolución que convocaba a la audiencia de revisión de medidas, lo cual pone de manifiesto que el juez continúa violando el derecho de defensa de nuestro defendido y de las demás partes, pues todos somos parte en el proceso. Tenemos el derecho innegable de que se nos permita estar presentes”, reiteró Campos Ventura.
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Ambos abogados defensores expresaron que es “totalmente inaceptable” la posición del juez pues, a su juicio, un juzgador no puede “vedar el derecho” de las partes acreditadas a un proceso a estar presentes en cualquier acto o diligencia procesal. Dijeron que así lo establece los artículos 12 de la Constitución de la República y el 87 y los siguientes artículos del Código Procesal Penal.
Al ser abordados por los medios de comunicación sobre el paradero del empresario Rais, Campos Ventura dejó en claro que su defendido no está prófugo como mediáticamente se ha manejado el tema, sino que está “resguardado”. “El demostró que se sometió a la justicia, llegó a firmar todos los meses hasta que a punto de finalizar los seis meses, la Cámara le revirtió la medida sustitutiva de forma sorpresiva”, expresó.
En enero pasado, la Cámara Primero de lo Penal revocara las medidas cautelares que se le habían impuesto y pidió su detención. Cuando finalizó el período de seis meses de instrucción, también la Fiscalía pidió seis meses más, lo cual le fue concedido.
El nuevo plazo de instrucción vence en septiembre próximo, en donde el ministerio público deberá presentar dictamen de acusación y el juez decidir la audiencia preliminar.
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