La exprimera Lourdes de Flores intentó ingresar a la propiedad de su familia ubicada en la finca Maracaibo, ubicada en el cantón El Tigre, de La Libertad, pero la policía y la Fiscalía se lo impidieron porque es uno de los inmuebles a los que se le ha aplicado extinción de dominio. Ella iba acompañada de sus hijos.
Al no poder ingresar, brindó una conferencia de prensa en la que leyó un breve comunicado en el que deja sentada su postura de lo que considera una venganza hacia su familia.
“En la casa que habitamos desde siempre, en la colonia San Benito, fue herencia de mi padre; como familia, como hija y esposa me ha tocado sufrir durante muchos años, que incluso ha cobrado la vida de los seres más queridos… Esto sienta un precedente nefasto para cualquier ciudadano, hoy somos nosotros, mañana puede ser cualquier familia”, lamentó De Flores quien mostró algunos documentos en los que se constata que las propiedades fueron adquiridas muchos años antes de que su esposo llegara a la presidencia de la república.
“El proceso (extinción de dominio) está lleno de arbitrariedades”, dijo de Flores.
El martes pasado la Fiscalía inició la extinción de dominio de nueve propiedades del fallecido expresidente Flores, ubicadas en diferentes puntos del país.
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“Mi esposo falleció en medio de un proceso lleno de arbitrariedades y abusos. Ni siquiera su muerte ha sido suficiente para calmar la sed de venganza inexplicable en contra de mi familia”, reclamó la exprimera dama.
De Flores aseguró que cuentan con la documentación necesaria para respaldar que las propiedades fueron heredadas años atrás y que no fueron adquiridas durante la Presidencia de su esposo ni después. “Pretenden arrebatarnos lo que por ley y por derecho nos pertenece”, dijo.
Flores quien fue presidente en el período 1999-2004, falleció el 30 de enero del año pasado. La Fiscalía lo acusa de haberse apropiado de 5 millones de dólares y de haber depositado otros 10 millones de dólares a cuentas del partido ARENA.
Según la FGR, cuenta con las pruebas necesarias para comprobar que el exmandatario desvió dichos fondos que venían para los programas del Gobierno y afectados de los terremotos de 2001.
Luego de la muerte del exmandatario se definió la responsabilidad penal, pero no la obligación civil por los cargos que se le imputan, algo que determinará el juzgador.
