Juez autoriza seis meses más a instrucción por presunta corrupción en Infocentros

El plazo de nuevo periodo de instrucción finaliza el 4 de octubre, la fiscalía deberá presentar el dictamen de acusación el once de octubre como fecha límite.

El Juzgado 4° de Instrucción autorizó otorgar seis meses más la etapa de instrucción en el proceso penal contra el expresidente del Banco Multisectorial de Inversión Nicola Ernesto Angelucci Silva y Sigfredo Armando Figueroa Salinas, con el fin de que dos peritos de la Corte de Cuentas concluyan la auditoría contable financiera, clave en el proceso.

Los exfuncionarios son acusados de peculado y negociaciones ilícitas, la Fiscalía los acusa de administrar de forma irregular la cantidad de 6 millones 193,000 en el periodo de 1999 a 2009.

La etapa de instrucción del caso finalizó el 14 de abril, el juez Rigoberto Chicas accedió a lo solicitado por la representación fiscal, además autorizó realizar la auditoría contable financiera, como acto urgente de comprobación respecto a los siete convenios suscritos entre el Banco Intersectorial (BMI) y la asociación Infocentros.

El plazo del nuevo periodo de instrucción finaliza el 4 de octubre, la Fiscalía deberá presentar el dictamen de acusación el once de octubre como fecha límite.

“Es procedente otorgar la ampliación del plazo dice la resolución del juzgador “por lo complejo de la investigación en virtud que son dos personas procesadas, la calidad del delito que se les imputa, el volumen del expediente y la cantidad de evidencias a ser analizadas”.

La auditoría contable financiera, que comprende el análisis de 98 puntos, pretende establecer la procedencia de los fondos que se erogaron productos de estos convenios, si las erogaciones fueron legales y cuál fue el monto total de estas, a favor de la asociación Infocentro, por cada uno de estos convenios, reza la solicitud de la Fiscalía al juzgado.

“Tomando en cuenta que los delitos atribuidos a los imputados son catalogados como graves y que la investigación se vuelve compleja por la enorme cantidad de información financiera y tributaria que se encuentra en los registros públicos que serán analizadas por los peritos, además por la cantidad considerable de testigos que se van a entrevistar. Señaló la Fiscalía en su petición.

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