La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia tiene para sentencia la demanda de inconstitucionalidad del presupuesto general de la nación 2017 y en el análisis se revisará los gastos en seguros médicos privados, compras de arte y donaciones por parte de instituciones del Estado.
El magistrado de la Sala de lo Constitucional Rodolfo González explicó que este lunes decidirán si piden la opinión del ministro de Hacienda, Carlos Cáceres ya que la discusión el proceso está listo para la fase de sentencia. A su criterio, es uno de los casos que analizan que no puede esperar mucho, ya que solo tiene vigencia de un año.
“Quedó para sentencia el martes pasado y hoy tomaremos decisión de si mandamos a escuchar al ministro de Hacienda, porque se han presentado dos demandas diciendo que (el presupuesto) está desfinanciado. Este día tendríamos que tomar la decisión como Sala de si se manda a oír al ministro se le darían unos días para que amplié y aclare algunas cosas, si no está ya para sentencia y entramos al debate para el fallo”, afirmó el magistrado.
González explicó que la resoluciones de los casos de la Sala de lo Constitucional se hacen con orden cronológico, pero si hay casos específicos como el del presupuesto que tiene vigencia de una año o electorales se resuelven antes.
“La Ley de Presupuesto tiene periodo de un año, ¿qué sentido tiene resolver en enero febrero del otro año? hay que resolverla mientras esté vigente y si es inconstitucional la Asamblea Legislativa debe tener un tiempo adecuado, suficiente para poder corregir una eventual inconstitucionalidad que pueda ser detectada por la Sala de lo Constitucional”, externó.
“El primero en tiempo es el caso que se va resolviendo. Estamos resolviendo casos de 2015”: @RodolfoKelsen @SalaCnalSV @CorteSupremaSV
— Pencho y Aída (@PenchoyAida) 29 de mayo de 2017
Instituciones públicas suman cerca de $50 millones en seguros médicos
El magistrado mencionó que otro de los aspectos importantes a revisar en el Presupuesto 2017 es las asignaciones para seguros médicos privados, ya que entre todas las instituciones públicas suman más de 50 millones de dólares.
“Yo creo y no estoy hablando en nombre de la Sala, si no en opinión de uno de los integrantes de la Sala, creo que entre las cosas que se tienen que revisar del Presupuesto 2017 es todos estos seguros médicos privados que se alega derechos adquiridos de los servidores públicos. ¡Ahí esta el Seguro Social!”, dijo González.
Para el magistrado, no se trata de que tres diputados u otros funcionarios renuncien al seguro, pues a su juicio es necesario “hacer una cirugía mayor”.
González consideró que otra de las irregularidades que deben analizar del presupuesto es la donación de fondos a organizaciones no gubernamentales. “En el presupuesto de este año también hay otra cosa que hemos detectado, se tiene previsto más de cinco millones de dolares otra vez para hacer donaciones a ONG, se supone que por definición una ONG es no gubernamental y no está dependiendo de fondos del Gobierno, se hacen compras de arte en la Asamblea lo hemos visto en años anteriores todas esas cosas se deben revisar”, advirtió en la entrevista radial de Pencho y Aída.
Agregó que en años anteriores a la Corte habían llegado demandas en contra del Presupuesto, pero habían sido rechazadas y que fue en esta ocasión que se admitió precisamente por ese tipo cosas.
“Son ese tipo de cosas las que vamos a revisar… seguros médicos, las donaciones porque usted dona cuando está holgada económicamente pero si no tiene para los gastos básicos de su casa ¿cómo se va a poner estar haciendo donaciones? ¡es una cosa absurda! todo eso se tiene que revisar en este Presupuesto”, señaló González.
El fiscal General de la República, Douglas Meléndez, envió a la Sala de la Constitucional una opinión en la que sostiene que el presupuesto del presente año está desfinanciado. “Pido en sentencia definitiva declaréis ha lugar la pretensión de inconstitucionalidad del artículo 5 del decreto legislativo 192” y “de la ley del presupuesto 2017”, dice el escrito entregado a la Sala de lo Constitucional por la Fiscalía General de la República.
Dicha opinión molestó a la diputada del FMLN y vicepresidenta de la Asamblea Legislativa Lorena Peña. “El fiscal se sale de sus competencias, porque efectivamente la Constitución plantea que el Presupuesto debe ser de acuerdo con todos los ingresos establecidos y con todos los gastos que el Estado estime pertinentes”, dijo la diputada en un programa de televisión la semana pasada.
