El «Gordo Max» es llevado a tribunales para oír declaración anticipada de una víctima de trata de personas

Edgar Morales Joya, abogado de González, ha solicitado la recusación del Juez en el caso, es decir, que se aparte del caso.

El Juzgado Séptimo de Instrucción realiza audiencia para recibir una declaración anticipada de una víctima en caso remuneración por actos sexuales en el que está involucrada una red.

El «Gordo Max» tiene derecho de asistir si así lo requiere para escuchar la declaratoria. Trascendió que supuestamente está enfermo. Edgar Morales Joya, abogado de González, ha solicitado la recusación del Juez, Miguel Ángel García Argüello se aparte del caso. El defensor justificó de que García Argüello presentó una denuncia en contra de él cuando este defendía al expresidente, Francisco Flores.

Se trataba de una red que, según la hipótesis que la Fiscalía General de la República (FGR), atraía a mujeres jóvenes y adolescentes con la promesa de darles empleo de edecanes y modelos. Pero, cuando las jóvenes acudían a las supuestas reuniones de trabajo, eran vendidas sexualmente a diversos clientes.

El 6 de abril pasado, el expresentador y locutor Alejandro Maximiliano González, conocido como “Gordo Max”, tuvo un pie fuera del sector 9 del penal de Mariona. Sus abogados defensores se armaron de pruebas y documentos para conseguirle medidas sustitutivas a la prisión.

Por un buen tiempo, debatieron con los magistrados de la Cámara de la Cuarta Sección del Centro de Santa Tecla, para demostrarles que su defendido no tenía planes de huir, porque tiene muchos arraigos para no intentar un escape.

Lo mismo pedían los abogados de los otros detenidos, todos acusados del delito de remuneraciones por actos sexuales. Con la apelación, al menos pretendían arresto domiciliar, o de mejor forma, medidas, revirtiendo así lo que el Juzgado Primero de Paz de Santa Tecla había decretado en enero pasado.

El “Gordo Max” guarda prisión desde principios de año junto con el empresario José Denis Regalado, Luis Alonso Marroquín y Enrique García Arévalo.

Luego de los alegatos, el juez les dijo que presentar esa documentación no quiere decir que revocaría la detención provisional. Por lo tanto, resolvió que no había argumentos suficientes para decretarles la libertad.