Audiencia en caso tregua entre pandillas continuará el lunes

A partir de la próxima semana la defensa de los 22 imputados tendrá su turno de aportar pruebas de descargo.

La jueza a cargo del Juzgado Especializado de Instrucción A de San Salvador decretó que la audiencia preliminar en contra de 22 acusados en el caso de la tregua entre pandillas continúe el próximo lunes.

La diligencia cumplió este viernes su tercer día en los cuales la Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas de este controvertido proceso de diálogo entre las principales pandillas del país con el objetivo de bajar las cifras de homicidios en 2012.

Luego de escuchar a los defensores, el tribunal deberá decidir si el caso pasa a vista pública o juicio.

A cambio, según las pruebas presentadas por los fiscales, los cabecillas de las pandillas recibieron privilegios en las cárceles, como ser trasladados a donde ellos lo indicaron, privilegios como televisores de pantalla plana, equipos de sonido, películas, discotecas móviles, orquestas, cómicos y hasta bailarinas.

Entre los 22 acusados destacan el excomandante guerrillero Raúl Mijango, el exdirector de Centros Penales Nelson Rauda, directores de penales y oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC).

Mijango es considerado el principal mediador de la tregua, acusado de introducir teléfonos celulares a los penales, entre otros ilícitos.
El exdiputado del FMLN dijo el jueves que la tregua era una “política pública”, dejando entrever que tenía el aval del gobierno del entonces presidente Mauricio Funes y su ministro de Seguridad, David Munguía Payés, quienes no son procesados en el caso.

“Aquí lo que se está buscando es criminalizar una política pública que tenía un propósito… y el propósito era reducir violencia y lo logramos hasta hoy ese proceso sin recursos sigue siendo el más exitoso de los esfuerzos que se han hecho en este país para reducir violencia”, aseguró.

El abogado Luis Mario Pérez, defensor de un jefe policial, ha reiterado que se está juzgando a personas en el nivel operativo y no a quienes tenían el poder de decisión.

“Los que ordenan, coordinan, no están siendo procesados, solo los que ejecutaron”, afirmó. Pérez aseguró que desde las altas esferas del gobierno lo que se buscaba era “rédito político”. Aunque Funes siempre se desmarcó de la tregua como una política apoyada por el gobierno, sí destacaba la baja de homicidios en ese período, de 15 a cinco diarios en algunos meses.