El Salvador se abstuvo en la votación de la Organización de Estados Americanos (OEA) que decidió este lunes convocar una reunión de ministros de Relaciones Exteriores para analizar la crisis de Venezuela, que se llevará a cabo el 31 de mayo.
El encuentro de cancilleres de los países miembros se llevará a cabo en la sede de ese organismo, en Washington D.C.
“El lugar y fecha de la reunión fueron aprobados en votación nominal por 18 votos a favor, 1 en contra y 13 abstenciones”, informó la OEA en un comunicado de prensa.
Entre las abstenciones destaca las de El Salvador, Antigua y Barbuda, Bolivia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, Haití, República Dominicana, San Kitts y Nevis, Santa Lucia, San Vicente y las Granadinas, Suriname y Trinidad y Tobago. Mientras tanto, Nicaragua fue el único país que votó en contra.
La resolución fue adoptada con los votos de Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, Honduras, Guatemala, Guyana, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.
La OEA explicó que la Reunión de Consulta de Cancilleres es uno de sus órganos principales, y que, según la Carta de ese organismo, su fin es “considerar problemas de carácter urgente y de interés común para los Estados americanos, y para servir de órgano de consulta”.
El 3 de abril, el Consejo Permanente de la OEA (integrado por los embajadores ante ese organismo) adoptó una resolución en la que “urge al gobierno de Venezuela a actuar para garantizar la separación e independencia de los poderes constitucionales y restaurar la plena autoridad de la Asamblea Nacional”.
El Salvador se abstuvo en esa votación, que estuvo precedida por llamados del senador republicano estadounidense Marco Rubio, quien advirtió que la ayuda económica de su país podría estar comprometida si se mantenía alineada con Maduro. La amenaza incluía a El Salvador, Haití y República Dominicana.
A principios de abril, estalló en Venezuela un nuevo ciclo de protestas de la oposición política, estudiantes y otros ciudadanos en contra de la resolución adoptada por el Tribunal Supremo de Justicia, que desconoció a la Asamblea Nacional, dominada por diputados del Movimiento de la Unidad Nacional (MUD). Aunque posteriormente el fallo fue revertido, legisladores opositores insistieron en que el TSJ debía ser disuelto, debido a que violó la Constitución.
La situación en las calles se tornó violenta, ya que las protestas se incrementaron, mientras que el gobierno de Nicolás Maduro optó por reprimir las manifestaciones. Desde esa fecha, han muerto al menos 39 personas.
Maduro, por su parte, decidió iniciar el proceso para sacar a su país de la OEA, molesto ante la insistencia del secretario General, Luis Almagro, de condenar la ruptura del orden constitucional, la represión, la situación de los presos políticos y la negativa a convocar a elecciones.
La canciller venezolana, Delcy Rodríguez, pidió a El Salvador que convocara de emergencia una reunión de cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). La reunión se desarrolló el 2 de mayo en San Salvador, pero concluyó sin acuerdo, ya que solo asistieron cuatro cancilleres.
