Crece incertidumbre por TPS para salvadoreños

Alineamiento del país con el gobierno de Venezuela y políticas duras en contra de la inmigración son las principales amenazas para el programa, que beneficia a 188,000 compatriotas.

Beneficiarios del TPS esperan reinscribirse en Silver Spring, Maryland, en 2013.

Las políticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hacia la inmigración indocumentada mantienen preocupados a los salvadoreños,  hondureños y haitianos amparados en el Estatus de Protección Temporal (TPS).

La directriz para detener y deportar en sus primeros 100 días de gobierno a inmigrantes indocumentados, la mayoría sin antecedentes criminales, abona a la preocupación ante la decisión de extender o cancelar las designaciones de TPS para dichos países.

Las redadas y la retórica de ligar a crímenes con extranjeros, principalmente de grupos criminales como la MS-13, no hace más que aumentar la preocupación. Este jueves, la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) informó sobre la captura de 1,378 pandilleros en un mega operativo a escala nacional que duró seis semanas.

Esta semana se conoció que oficiales del gobierno estadounidense están investigando crímenes cometidos por haitianos protegidos por el TPS, así como quienes están recibiendo ayuda estatal, dos causas para que un beneficiario pierda la protección de deportación.

Una nota de la agencia de noticias Associated Press (AP) disparó las alarmas. “Normalmente la decisión (de prorrogar o cancelar el beneficio) depende de si las condiciones en el país de origen de los beneficiarios ha mejorado, pero los correos electrónicos sugieren que (el secretario de Seguridad Nacional, John) Kelly está viendo también otros criterios”, dice la nota de AP.

La decisión sobre el TPS de los haitianos, que abarca a unas 55,000 personas, debe anunciarse en este mes, lo que será considerado como un termómetro de lo que puede ocurrir con el caso de los hondureños y salvadoreños amparados a programas similares.

EUA busca crímenes cometidos por haitianos con TPS

Un experto en inmigración radicado en Washington D.C., que prefirió omitir su nombre, dijo recientemente que al contrario de Haití, El Salvador no tiene congresistas o senadores visibles que puedan salir a defenderlo ante la posibilidad de que se termine el TPS.

El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo Martínez, no ha negado la posibilidad de que el beneficio para 188,000 salvadoreños no sea extendido, para lo cual habló de buscar otras alternativas.

Martínez dijo que en las próximas semanas buscará una reunión con el secretario Kelly y el secretario de Estado, Rex Tillerson, para comenzar a cabildear una extensión más del programa.

Consultado sobre la posibilidad de que el programa no sea renovado, el funcionario dijo que entonces se explorarían otros caminos. Recordó que los salvadoreños beneficiados con el TPS a finales de los 90 terminaron siendo incluidos en la Ley de Ajuste Nicaragüense y Alivio Centroamericano (NACARA, en inglés).

Los tres países son beneficiarios de la protección migratoria que brinda ese programa. En el caso de Honduras (junto con Nicaragua), recibió ese beneficio en 1999 luego del paso del huracán Mitch, que causó miles de muertos en octubre de 1998.

El Salvador, por su parte, fue designado como beneficiario del TPS luego de la destrucción causada por los terremotos de enero y febrero de 2001.

Esos fenómenos naturales ocurrieron hace 19 y 17 años.

La red consular salvadoreña apoya a los beneficiarios del TPS que lo solicitan con el trámite de reinscripción.

Inicialmente, más de 280,000 salvadoreños se inscribieron en el beneficio migratorio, que suspende la deportación y otorga un permiso de trabajo.

Desde esa fecha, el programa para salvadoreños ha sido prorrogado en 11 ocasiones, la última de ellos en septiembre del año pasado. Los 188,000 compatriotas están actualmente protegidos, hasta el 9 de marzo de 2018. La disminución en la cifra de beneficiarios se explica porque la fecha de ingreso a Estados Unidos se cierra en un punto determinado (13 de febrero de 2001 para salvadoreños) y algunos ya no continúan en el programa por diversas causas (no se reinscriben, vuelven a El Salvador o se meten en problemas con la ley).

Por ley, el gobierno de Estados Unidos debe anunciar la prórroga o terminación del TPS de un país designado 60 días antes de su vencimiento. Es así que el anuncio en el caso salvadoreño debe ser emitido al menos en enero del próximo año.

La pregunta que ronda la cabeza de muchos expertos en inmigración en Estados Unidos es qué hará la administración Trump cuando deba anunciar si extienda o termina la designación de TPS que tiene, por orden de vencimiento, Haití, Honduras y luego El Salvador.

En el caso de Haití, el TPS se justificó luego de la destrucción causada por el terremoto de enero de 2010 y el huracán Matthew en octubre de 2016.

Hace un par de semanas circuló un memorándum interno del Departamento de Seguridad Nacional en el cual se sugería que el gobierno de Estados Unidos no extendiera el beneficio.

De inmediato, un grupo de congresistas estadounidenses envió una carta al gobierno de su país para advertir de las consecuencias económicas negativas que significaría para Haití la deportación de miles de sus ciudadanos.

Un informe del Centro de Recursos Legales para Inmigrantes (ILR, en inglés) sostiene que la eliminación del TPS para estos tres países latinoamericanos causaría una pérdida de 3,100 millones de dólares a la economía de las principales zonas metropolitanas de California, Maryland, Virginia, Nueva York y Florida, donde se concentra la mayoría de beneficiarios.

El reporte no midió el impacto económico y social del retorno de esos miles de personas a sus países de origen.

Para El Salvador, el aporte de los beneficiarios del TPS es un pilar fundamental en el envío de remesas familiares, que significan el 17 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Según datos del Banco Central de Reserva (BCR), en 2016 El Salvador recibió 4,756 millones de dólares en concepto de remesas familiares, la cifra más alta en su historia.

Implicaciones políticas por alineación a Venezuela

El contexto político regional está en este momento dominado por la crisis en Venezuela, específicamente en el seno de la Organización de Estados Americanos  (OEA).

El 3 de abril, el Consejo Permanente de la OEA (integrado por los embajadores permanentes ante ese organismo) adoptó una resolución en la que “urge al gobierno de Venezuela a actuar para garantizar la separación e independencia de los poderes constitucionales y restaurar la plena autoridad de la Asamblea Nacional”.

El canciller Hugo Martínez y su colega venezolana en un lujoso restaurante de Washington D.C.

El Salvador se abstuvo en esa votación, que estuvo precedida por llamados del senador republicano estadounidense Marco Rubio, quien advirtió que la ayuda económica de su país podría estar comprometida si se mantenía alineada con Maduro. La amenaza incluía a El Salvador, Haití y República Dominicana.

“El Salvador, valientemente y contundentemente, respetuoso de otros países pero adheridos a la OEA, tenía que haber votado en contra, por ello manifestamos que El Salvador se había equivocado en este tipo de decisión”, dijo el presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, en una entrevista de televisión a principios de abril.

Gallegos fue parte de una comitiva de diputados que acompañó al ministro Martínez en una visita a Washington D.C.

El presidente del órgano legislativo aclaró que él se desmarcó del apoyo al gobierno de Venezuela, durante reuniones con congresistas y senadores.

“Le manifestamos a los congresistas y senadores que consideramos que el gobierno se equivocó en su postura a favor de Venezuela, los senadores de Estados Unidos son unánimes en sentirse preocupados con la votación que hemos tenido en la OEA”, manifestó.

El mismo Martínez aceptó que en la reunión que tuvieron con el senador Rubio se habló de la preocupación del legislador cubanoamericano por la forma en la que El Salvador votó en esa ocasión.

“La alineación de El Salvador con Venezuela es nefasta para este país”, advirtió el exdiputado y analista Kirio Waldo Salgado al canal 21.

Desde el Fmln también se ha tensado la cuerda en la relación con Estados Unidos, al acusar a la embajadora en el país, Jean Manes, de injerencia en asuntos salvadoreños.

El más beligerante ha sido el diputado efemelenista Roger Blandino Nerio, quien a finales de 2016 viajó a la capital estadounidense a quejarse sobre las opiniones de la diplomática en temas de la realidad nacional.

“Lo que tiene que ver con los salvadoreños es problema de los salvadoreños. Otras voces no nos interesan”, expresó el legislador luego de un mensaje en Twitter de Manes a las fuerzas políticas para alcanzar un acuerdo fiscal.

La ayuda estadounidense no solo se centra en el TPS, sino que también hay cooperación económica con el Asocio para el Crecimiento, Fomilenio II y la Alianza para la Prosperidad. Este último programa incluye a Guatemala y Honduras, como parte de un esfuerzo para atacar  las causas que originan la migración indocumentada hacia Estados Unidos.

Para ensombrecer más el panorama, el país debate qué medidas tomar ante el eventual incremento en el número de deportados con antecedentes criminales, específicamente pandilleros. Trump y su secretario de Justicia, Jeff Sessions, han prometido combatir frontalmente a la pandilla MS-13, luego de que saltó a la opinión pública estadounidense una serie de homicidios cometidos por esa agrupación delictiva en la zona de Long Island, Nueva York.

El TPS en cifras

188,000 salvadoreños beneficiados.

17 años se cumplirán en marzo de ese beneficio.

9 de marzo de 2018 finaliza la prórroga actual.

Escenarios sin no se prorroga el TPS

Los beneficiarios del programa volverían al estatus migratorio que tenían antes de inscribirse al programa (indocumentados, turistas, estudiantes, etc)

Podrían solicitar una Salida Forzosa Diferida (DED, en inglés).

Ser incluidos en una eventual reforma migratoria.

Sus hijos ciudadanos estadounidenses mayores de 21 años pueden hacer una petición familiar

Un reciente fallo judicial permitiría que beneficiarios del TPS en los estados de California, Arizona y Nevada (parte del noveno circuito de apelaciones) pueden solicitar su residencia permanente, siempre que tengan un patrocinador (hijo o hija ciudadanos, cónyuge). No se conoce aún si ya se presentaron casos ante la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) argumentado ese fallo judicial