Funcionarios salvadoreños en discordia por trato a criminales deportados de Estados Unidos

La posible deportación masiva de criminales desde los Estados Unidos, anunciada por el presidente Donald Trump, ha puesto en alerta no solo a las instituciones encargadas de la seguridad en El Salvador, sino también a todos los poderes de Estado.

Aunque todos dicen estar preocupados por el peligro potencial que la deportación de maras y pandillas representa, al menos cuatro funcionarios se han enfrentado por un solo motivo: cómo tratarlos al llegar al país.

El fiscal general de la república, Douglas Meléndez, fue firme en su exposición ayer, y advirtió el nivel de peligro que el país corre, la capacidad de reacción que se tiene, y que además, los pandilleros y mareros formarán nuevas clicas, diferentes a las ya existentes.

Meléndez no dudó en pedir reformas a las leyes que permitan el control de los criminales. “Hemos hecho análisis sobre que se han creado nuevas clicas. El pandillero que ha sido deportado ha venido a refundar o crear nuevos grupos con nombres de ciudades estadounidenses”, dijo.

El fiscal fue más allá y confirmó que muchos de esos grupos, aunque no quiso revelar las zonas, ya están operando con órdenes directas que reciben desde Estados Unidos.

También se refirió a la necesidad de obtener más información de las autoridades estadounidenses sobre antecedentes penales de los compatriotas retornados al país. El funcionario solicita categorizar a los deportados según su historial, por lo que propone crear una base de datos integral.

Por su parte, el vicepresidente de la república, Oscar Ortiz, dejó sentada la postura de Gobierno ante los deportados con antecedentes penales:»no vamos a capturar a nadie, sino que preferimos que cada 30 días pasen a firmar a una delegación».

Hoy en la mañana, en una entrevista televisiva, el secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas, restó importancia a lo expresado por el Fiscal General en cuanto a la alarma y el peligro de nuevas deportaciones. Bajando el nivel de alarma, Chicas expresó «La amenaza de las deportaciones,  que no es nuevo, porque nosotros desde siempre hemos tenido deportaciones en relación a que somos un país que en relación a población tenemos un número de compatriotas en Estados Unidos».

Chicas respaldó la postura de Ortiz en cuanto a no tratar como criminales a los deportados, porque son delitos cometidos allá: «Alguien que sea deportado, no por la presunción de que creamos que es pandillero podamos proceder a la detención,  ya que probablemente esta persona puede haber cometido ilícitos fuera del territorio, pero nuestra ley no tiene un rango extraterritorial que en este caso nos permita enjuiciar a esta persona por ilícitos que pudo haber cometido fuera del territorio».

«Las deportaciones no son nuevas. La amenaza no es nueva», dijo. «Solo hay que tener un mejor nivel de control de ellos», añadió.

«Siempre ha ocurrido ese fenómeno, recordemos no es nuevo el hecho de que deportados vinculados a crímenes de pandillas vengan a El Salvador y se estructuren acá, no es un tema nuevo, el fenómeno de pandillas tiene por origen Estados Unidos», reiteró.

Presidente de la Asamblea Legislativa pedirá reformas para que queden presos

Por su parte, el presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, respalda totalmente el accionar del Fiscal General, y dijo que pedirá reformas urgentes a la ley antiterrorista que emitió la Corte Suprema de Justicia, para lograr tener el control de los criminales. «Mareros son allá, mareros son aquí», expresó.

«Es preocupante que pandilleros queden en libertad y nosotros nos quedemos con los brazos cruzados», afirmó.

«Voy a proponer que se hagan reformas a la ley contra el terrorismo a efecto de que todo aquel que sea salvadoreño perteneciente a maras o pandillas que sea deportado de los Estados Unidos, que sea inmediatamente capturado, ya que pandillero no deja ser por hecho de ser deportado y regresar a país», expresó.

También está de acuerdo con lo que expresa el Fiscal General, de que «esto es una amenaza para el país» y «vemos muy positivo el hecho que se pueda tener un registro, pero el pandillero a pesar de que se le tenga un registro y se le tenga la obligación de presentarse como lo propone el Gobierno, no deja de ser pandillero y estamos seguros que lo que hará  es ir a cometer delitos», dejando sentada su posición contraria a lo que propone Ortiz y Chicas.