El titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Douglas Meléndez, manifestó esta tarde que ha ordenado al Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB), el nombramiento de gerentes para la empresa Agroindustrias GUMARSAL con el fin de no afectar a los empleados. Esta decisión surge luego de que esta mañana trabajadores de la referida institución protestaran como medida de presión exigiendo respetar sus derechos laborales.
“Nosotros estamos trabajando con el CONAB, que es el que administra estos bienes cuando son incautados… estamos diciendo como Fiscalía que se respeten los derechos de los trabajadores, nosotros lo menos que queremos es que esas empresas cierren, esas empresas que han sido legalmente afectadas que tenían que ver con esta estructura de lavado”, externó Meléndez.
El fiscal aseguró que dicho Consejo ya nombró a varios gerentes para que las operaciones de la Agroindustrias sigan operando con normalidad, esto aclarando que los cargos otorgados son de las personas que tomaban las decisiones en la empresa, pero que actualmente están “prófugas de la justicia” por el supuesto caso de lavado de dinero que involucra al empresario José Adán Salazar.
“Nosotros como Fiscalía vamos a velar para que los empleados sigan trabajando. Las instrucciones que yo he dado a las áreas de Investigación Financiera y de Extinción de Dominio es que las operaciones de estas empresas continúen”, agregó el fiscal.
Sin embargo, aclaró que es el CONAB es el que directamente debe manejar la situación de GUMARSAL y que debe hacerlo de la mejor manera para evitar afectaciones en los trabajadores, e instó a que dialoguen con los proveedores para continuar con normalidad las operaciones.
Sobre la protesta de los trabajadores de GUMARSAL
Esta mañana el Comité de Trabajadores de GUMARSAL salió a protestar en el kilómetro 30 1/2 carretera que de Santa Ana conduce a San Salvador para denunciar que se encuentra en riesgo el empleo de 1,300 familias.
El Comité decidió hacer la protesta para denunciar los abusos que se están cometiendo en contra de la empresa, incluso que aplicaron extinción de dominio cuando aún ni se ha desarrollado el proceso de instrucción y no ha habido sentencia de culpabilidad.
Los trabajadores indican que el proveedor de Estados Unidos ya no les vende materia prima, vital para la compañía, además plazas del área de proyectos fueron suprimidas y personal del canal de supermercado se quedaría sin empleo, entre otras situaciones que ponen en crisis a la empresa y seguridad alimentaria del país.
Esta medida de presión de los trabajadores surge luego de que la Fiscalía girara nueve órdenes de captura en las que incluyen a Wilfredo Guerra Umaña, presidente de Gumarsal, señalado por el supuesto delito de lavado de dinero y activos, de quien se desconoce su paradero.
