El Fiscal General de la República, Douglas Meléndez, expresó que el Gobierno de la República debe tener ya un plan para recibir a los deportados de Estados Unidos, principalmente con los delincuentes, pues ya se tienen niveles altos de violencia.
Enfatizó que es competencia y atribución de lo gobiernos la seguridad ciudadana y pública y, por eso, después de escucharse manifestaciones que serán deportados más pandilleros o personas con antecedentes delincuenciales “debería de tenerse ya una estrategia clara” para saber cuál será el abordaje de ese fenómeno de recibir más personas.
El martes pasado, el presidente de EE.UU., Donald Trump, prometió en un mensaje en Twitter que “eliminará rápidamente” a los pandilleros de la Mara Salvatrucha, una banda creada en la década de los 80 en las calles de Los Ángeles (California, Estados Unidos) y que ha ganado gran fuerza en Centroamérica, especialmente en El Salvador.
“Esa es una responsabilidad del Gobierno, nos corresponde a nosotros la Fiscalía y a los ministerios públicos trabajar para ver cómo vamos a enfrentar esta situación porque existe una preocupación; si en estos momentos tenemos niveles fuertes de pandillas o pandilleros (con la llegada de más) pudiera existir un aumento (de violencia) para los tres países”, manifestó el fiscal salvadoreño.
Expresó que además los tres gobiernos trabajarán en las próximas semanas en una estrategia para hacer frente a una deportación masiva de pandilleros, luego de haber sostenido reuniones con el fiscal de Estados Unidos.
El Fiscal de El Salvador al igual que su homólogo de Guatemala coincidieron que aun no hay una estrategia para atender las deportaciones y por eso trabajarán en ello.
En febrero pasado, la Casa Blanca aseguró que la prioridad de Trump es deportar a casi 1 millón de indocumentados que cometieron un crimen.
El portavoz Sean Spicer confirmó el contenido de los memos del secretario de Seguridad Nacional. Según dijo, el objetivo del gobierno “no” son las deportaciones masivas, pero detalló que comenzarán expulsando a 1 millón de indocumentados que cometieron un crimen o representan una amenaza para la seguridad pública.
