La propiedad de José Adán Salazar Umaña ubicada en el Lago de Coatepeque continúa siendo intervenida por la Fiscalía General de la República (FGR), como parte de la extinción de dominio que aplica la institución.
Salazar Umaña es acusado, junto con tres personas más, de lavar dinero y activos, y fueron capturados durante la “Operación Lavado”, que inició la noche del lunes 3 de abril pasado.
El sábado pasado se llevó a cabo la audiencia preliminar en la que la jueza cuarta de paz decidió pasar a los imputados a instrucción otorgando a la FGR y a la defensa 6 meses para robustecer la prueba o desvirtuarla, respectivamente.
La audiencia inició a las 10 a.m. y se alargó hasta las 8:30 p.m., cuando la jueza la dio por terminada y dio su fallo, pero dijo que el documento lo entregaría hasta el 21 de abril próximo, porque aún faltan implicados que procesar, quienes se encuentran prófugos, entre ellos el alcalde de Metapán y el presidente de Gumarsal, entre otros.
La jueza decretó instrucción con detención para los cuatro imputados, es decir, que van continuar el proceso en prisión, justificando que la resolución fue emitida por el “inminente peligro de fuga de los implicados”.
El Fiscal General, Douglas Meléndez, asegura que Salazar Umaña no ha logrado justificar o respaldar $215 millones 167 mil 786.42 en las operaciones normales o regulares de sus empresas. Agrega que el operativo fue el resultado de una investigación que se reinició en abril del año pasado, luego que había sido archivada.
Como parte de las pruebas el ministerio público presentó 139 mil 800 folios que están divididos en 699 piezas que incluyen peritajes financieros, tributarios, registros, entre otros.
La semana pasada las autoridades allanaron 26 sociedades relacionadas con el imputado y otros bienes inmuebles, tras una investigación que abarcó 12 años, desde 2003 hasta 2015, según el Ministerio Público.
Ya sa va a robarte ese dinero pollo crudo
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