La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó este viernes medidas de protección a la fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, su familia y empleados del Ministerio Público, el mismo día que se instaló la Asamblea Nacional Constituyente, integrada por partidarios y simpatizantes del presidente Nicolás Maduro.
La funcionaria ha sido blanca de críticas, amenazas y un proceso de destitución por su postura de criticar la represión usada por las fuerzas de seguridad en contra de los manifestantes opositores, así como su oposición al llamado que hizo Maduro para las elecciones de la Asamblea Constituyente, proceso que ella considera ilegal.
Ortega Díaz ha abierto varios expedientes en contra de miembros de la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana responsabilizados de la muerte de manifestantes. Pero su resolución de que hubo ruptura del hilo constitucional al suprimirse los poderes de la Asamblea Nacional por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) fue lo que le ha acarreado mayores críticas y una campaña de desprestigio en los medios oficialistas.
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Las medidas cautelares significan que el Estado venezolano deberá proteger la integridad tanto de la funcionaria, su familia y los empleados del MP, así como resguardar las instalaciones de la institución.
Ortega ha sido afín al oficialismo venezolano, hasta su ruptura desde que estalló la actual ola de violencia en abril pasado, que ha costado la vida a más de 100 personas, miles de lesionados y encarcelados.
Con la Asamblea Constituyente, que es presidida por la excanciller Delcy Rodríguez, se redactará una nueva constitución, maniobra que es vista por la oposición y varios países como un intento de dar un golpe a la institucionalidad y perpetuarse en el poder.
