Altos mandos militares venezolanos son responsables de violaciones de los derechos humanos cometidos por sus agentes en contra de manifestantes, asegura un informe divulgado este jueves por la organización Human Rights Watch.
Los señalados son el mayor general Benavides Torres, comandante de la Guardia Nacional Bolivariana; el general en jefe Vladimir Padrino López, ministro de Defensa; el mayor general Néstor Reverol, ministro del Interior; el general Carlos Pérez Ampueda, director de la Policía Nacional Bolivariana; el mayor general Gustavo González López, director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional; y la capitana Siria Venero de Guerrero, fiscal General Militar.
“Quienes están a cargo de fuerzas de seguridad implicadas en los gravísimos abusos que ocurren a diario en Venezuela no están adoptando medidas para prevenir violaciones de derechos humanos ni llevar a los responsables ante la justicia”, aseguró el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco.
“Es muy difícil creer que el anuncio reciente del general Padrino López reconociendo que se cometieron abusos es algo genuino; podría tratarse de un gesto propagandístico tardío para intentar evadir su responsabilidad personal”, agregó.
La organización no gubernamental basada en Washington D.C., Estados Unidos, criticó que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha llegado al extremo de elogiar públicamente a las fuerzas de seguridad sin mostrar preocupación por los abusos que ocurren en las manifestaciones, que comenzaron a principios de abril pasado.
Human Rights Watch sostiene que han examinado evidencias que sugieren que agente de las fuerzas de seguridad, principalmente la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana, estarían implicados en numerosos abusos graves contra los manifestantes.
Esas evidencias incluyen testimonios de víctimas, familiares, testigos y abogados defensores de detenidos, así como fotografías y videos, muchos publicados por medios de comunicación independientes, así como información generada por el Ministerio Público y organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Se acusa a los cuerpos de seguridad de emplear de forma excesiva la fuerza y permitir que grupos civiles armados afines al gobierno, conocidos como “colectivos”, ataquen a manifestantes opositores.
De acuerdo con los recuentos de la ONG, desde abril a la fecha han fallecido 67 personas, incluyendo a cuatro miembros de las fuerzas de seguridad. Otros recuentos hablan de que la cifra de fallecidos supera los 80.
