La Fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, le pidió a la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia el procesamiento de la Sala Constitucional, que hace algunas semanas había anulado la competencia de la Asamblea Nacional (Parlamento).
Luisa Ortega Díaz hizo este pedido ante la máxima corte del país porque los señalados estarían inmersos en el delito de conspiración contra la forma republicana previsto en el artículo 132 del Código Penal.
Ortega Díaz solicitó el comienzo del antejuicio de mérito a los 6 magistrados de la Sala Constitucional y 2 suplentes por atentar contra la forma republicana del país.
Alertó que el gobierno nacional pretende desmantelar el Estado y la forma republicana como está establecida en la Constitución.
La fiscal recordó las actuaciones del TSJ que la llevaron a denunciar la ruptura del orden constitucional, hizo énfasis en las sentencias 156 y 157 de la Sala Constitucional. Agregó que tras la publicación de los fallos el Consejo de Defensa solicitó una aclaratoria.
Dichas sentencias otorgaban poderes especiales al presidente de la República, se disolvía la AN y sus funciones las asumía el Poder Judicial: “Se produjo la aclaratoria, pero lo que aclararon fue en cuanto a las medidas innominadas pero no entraron a conocer el fondo de ellas”.
“No es a través de un acto de fuerza como se conspira contra la nación, sino también con sentencias. Se busca desmantelar el estado”, alertó Ortega Díaz.
Procuradores y fiscales de 12 países iberoamericanos manifiestan solidaridad con fiscal Ortega
Fiscales y procuradores de El Salvador, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, España, Guatemala, Panamá, Paraguay, Portugal y Uruguay, en el marco de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), ratificaron el “rol que deben cumplir los Ministerios Públicos para garantizar el Estado de Derecho, especialmente en momentos de convulsión social que ameritan la actuación de sus instituciones de justicia de forma oportuna, independiente y transparente para esclarecer todos los hechos que vulneren o pongan en riesgo bienes jurídicos superiores, como son la vida e integridad personal”.
El periódico El Nacional publicó que el Ministerio Público (MP) hizo del conocimiento un texto en el que los procuradores y fiscales generales de 12 países de Iberoamérica expresaron su profunda preocupación por las declaraciones expresadas públicamente en contra de la labor del Ministerio Público.
“Rechazamos de esta forma cualquier pretensión de llevar adelante reformas legales, que impidan de cualquier modo al Ministerio Público ser autónomo e independiente, y que por ende busquen afectar las investigaciones en curso”, reza parte del comunicado.
