La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, interpuso una acción legal en contra de la Asamblea Nacional Constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro, un día después de que la justicia facultó al mandatario a realizarla sin referendo.
Díaz calificó el jueves como un “retroceso” la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que avala la celebración de elección de una Asamblea Nacional Constituyente para modificar la Constitución sin hacer una consulta previa a los ciudadanos.
La titular del Ministerio Público aseguró que esta sentencia es un retroceso en materia de derechos humanos (…) Ahora se pretende vulnerar la progresividad de los derechos humanos mediante un proceso constituyente donde la participación popular ha sido reducida a su mínima expresión.
La Sala Constitucional del Supremo resolvió ayer que Maduro está capacitado para convocar a la elección de la Asamblea Constituyente sin que haya un referendo previo, tal como lo hizo el pasado 1 de mayo, un proceso que se completará con la elección de los nuevos redactores de la carta magna el próximo mes de julio.
Ortega consideró que convocar a este proceso vulnera la progresividad de los derechos humanos consagrados en la Constitución vigente.
La fiscal General señaló que esa consulta a la que ella se refiere “debe tener más participación de la que se tuvo en 1999 o igual participación porque de lo contrario sería otro retroceso”.
La prensa internacional ha dado a conocer que la funcionaria recordó al fallecido presidente Hugo Chávez, mentor y antecesor de Maduro, al decir: “convoquemos la soberanía popular para que ejerza su voluntad absoluta, ¿acaso le tenemos miedo a la soberanía popular? ¿no hablamos de democracia, pues?”.
Durante su intervención con la prensa internacional Ortega defendió que “el único soberano en la tierra es el pueblo, no hay otro, en consecuencia es el pueblo el que debe participar y no ser reducido a una mínima participación”, recalcó.
Además, ha pedido una “aclaratoria” al máximo tribunal sobre si “perdió vigencia la democracia participativa y protagónica, y si se revivió o está renovada la vigencia de la extinta democracia representativa”.
A su juicio, en la letra de la sentencia del TSJ sobre la Constituyente “parece que se elimina la democracia participativa y protagónica”, y dijo que además está “solicitando que se aclare si la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo”.
La fiscal sostiene que “la única forma” de convocar a una Asamblea Constituyente es “si la convoca el pueblo”, y que la decisión emanada de un poder que actúa en representación del pueblo, no está por encima del pueblo mismo.
Mientras tanto, las protestas que iniciaron hace dos meses han costado la vida a al menos 60 personas, mientras unas 1,000 han resultado heridas.
