Durante una conferencia telefónica organizada por el Concejo Nacional de La Raza (NCLR) en Washington, los activistas advirtieron de que la ley “SB4”, promulgada el domingo pasado por el gobernador republicano, Greg Abbott, da un “cheque en blanco” y “licencia para discriminar” a las personas por su acento o apariencia física, sin mejorar la seguridad pública.
El presidente del Fondo Mexicano Americano de Defensa Legal y Educación (MALDEF), Thomas Sanz, sostuvo que la SB4 va más allá incluso que la polémica iniciativa SB1070 de Arizona, porque otorga libertad total a cada policía de convertirse en agente migratorio, sin posibilidad de ser disciplinado.
En un evento junto a miembros del Consejo Nacional de la Raza (NCLR), la Unión Nacional de Libertades Civiles (ACLU) y organizaciones locales del estado de Texas, Sanz manifestó su confianza en que van a lograr evitar la implementación de esta iniciativa.
Los activistas pro-inmigrantes condenaron hoy la ley anti-inmigrante “SB4” en Texas, y grupos como MALDEF prevén entablar una demanda en las próximas semanas para impedir su implementación en septiembre próximo, como parte de un esfuerzo nacional que además no descarta incluso un boicot comercial.
Saénz, dijo que su grupo prevé presentar una demanda “en las próximas dos semanas” contra la “SB4”, que supera con creces a otras leyes anti-inmigrantes, al tiempo que aseguró que su grupo no se dejará intimidar por una demanda “frívola” presentada el domingo pasado en su contra.
Saénz consideró que, entre los escenarios posibles, la “SB4” termine ante el Tribunal Supremo pero, antes, es más probable que el Quinto Circuito de Apelaciones la considere excesiva y, en ese caso, la máxima corte del país decida que no la admitirá a revisión.
Por su parte, Janet Murguía, presidenta de NCLR, prometió que grupos como el suyo movilizarán a la comunidad para exigir cuentas a los líderes políticos “por leyes peligrosas, discriminatorias e inviables, que se basan en falsedades y estereotipos”.
Sus armas, afirmó, serán “nuestras voces, nuestro voto, y nuestro poder de compra si es necesario”, en un estado que alberga a la segunda comunidad hispana más grande de EEUU.
Más adelante, Murguía dijo que se estudiarán “todas las opciones”, pero aclaró que en el caso de la ley antiinmigrante “SB1070” de 2010 en Arizona, NCLR promovió un boicot comercial contra ese estado sólo tras un “exhaustivo y completo proceso de consultas” con organizaciones cívicas dentro y fuera del estado, especialmente con organizaciones locales y estatales en el epicentro de esa batalla.
Activistas de la Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU), “Human Rights First”, “Mi Familia Vota”, “Asian Americans Advancing Justice” (AAAJ) y la “Leadership Conference on Civil and Human Rights” (LCCHR) también participaron en la llamada.
La “SB4” prohíbe las “ciudades santuario”, permite que la policía local detenga a personas sin orden judicial, pregunte el estatus migratorio cuando detiene a alguien por otros motivos, y exige que las autoridades policiales entreguen a inmigrantes bajo su custodia a agentes federales.
Los policías que se nieguen a cumplir con esa ley arriesgarían multas y hasta una sentencia carcelaria, mientras que los funcionarios públicos podrían ser apartados de sus cargos.
La “SB4” evoca memorias de otras leyes de “mano dura” contra los inmigrantes indocumentados, como la la “SB1070” de Arizona, de 2010, y la “HB56” de Alabama, un año después.
En 2012, el Tribunal Supremo anuló partes clave de la ley “SB1070”, diluyéndola sustancialmente, y ese mismo año el Onceavo Circuito de Apelaciones anuló partes de la de Alabama.
La ley en cuestión en Texas ya afronta la repulsa de diversos empresarios, jefes de policía y alguaciles en Texas.
Mientras, un grupo de 59 organizaciones, encabezado por LCCHR enviaron hoy mismo una carta a Abbott exigiendo que corrija los profundos problemas “legales, constitucionales y de política pública” de la “SB4”.
La entrante presidenta de LCCHR, Vanita Gupta, se hizo eco de los demás activistas de que esta ley afectará las relaciones de la policía con las comunidades y no mejorará la seguridad pública. Con reportes de agencias internacionales y La Opinión.
