EL SALVADOR.- La Jueza Noveno de Instrucción de San Salvador, ordenó en las últimas horas un embargo en contra de los bienes de la empresa constructora italiana Astaldi, por el Caso El Chaparral, en el que también es procesado el expresidente Mauricio Funes Cartagena y otros 5 involucrados.
La resolución fue emitida por la jueza el pasado 28 de septiembre, mediante la cual, entre otras disposiciones, se decretó el embargo de manera preventiva en los bienes de la empresa constructora en mención, lo cual surtirá también efecto en Italia, de donde es originaria.
“DECRETASE EMBARGO PREVENTIVO EN LOS BIENES DE ASTALDI SOECITA PER AZIONE, que se abrevia Astaldi S.P.A. por el monto de DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO TRECE DOLARES CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, (US$227,675,113.83), la cual deberá responde subsidiariamente como ha sido establecido en párrafos supra relacionados” dicta la resolución.
Establece además que se debe emitir la asistencia judicial recíproca a la República de Italia, a fin de que sea traducida por el perito propuesto por la parte interesada y posteriormente se realicen las gestiones correspondientes.
Al mimso tiempo se ordena embargo a los bienes del expresidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), Leopoldo Samour y al representante de la empresa en mención, Mario Pieragostini.
“DECRETASE EMBARGO PREVENTIVO SOBRE LOS BIENES DE LOS SEÑORES MARIO FEDERICO PIERAGOSTINI MAIOCCHI Y JOSÉ LEOPOLDO SAMOUR, una vez la parte interesada indague con exactitud los bienes sobre los cuales recaerá el embargo, este juzgado materializará dicha medida cautelar” se lee en el documento emitido por la jueza.
En este caso figuran también como imputados el expresidente de la República, Carlos Mauricio Funes Cartagena, José Leopoldo Samour Gómez, José Miguel Antonio Menéndez Avelar, Mario Pieragostini Maiocchi, José Efraín Quinteros y Ada Mitchell Guzmán Sigüenza.
Según un comunicado emitido por la Fiscalía General de la República, la resolución está fundamentada en la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, de la cual El Salvador e Italia, son suscriptores.
En tal sentido, el embargo preventivo se materializará en esa nación, dado que la empresa Astaldi, es responsable de forma subsidiaria.
