EL SALVADOR.- La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), informó en horas de la tarde de este miércoles que ha dado por incumplida la resolución referente a la exigencia de la prueba PCR negativa a los viajeros por parte del Gobierno del Presidente de la República Nayib Bukele.
Según se detalla en la resolución de la Sala, “es un hecho público y notorio” que las aerolíneas que operan en el Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez (AISOARG) han exigido la prueba PCR negativa a los viajeros, por disposición de funcionarios del Órgano Ejecutivo y de la Comisión Ejecutiva Portuaria (CEPA) para poder viajar e ingresar a territorio nacional.
Dicha prueba ha sido exigida desde el sábado 19 de septiembre antes de abordar las aeronaves, y al llegar a territorio salvadoreño también ha sido requerida por las autoridades migratorias, agrega el documento. Además, ha sido exigida a quienes ingresan al país por las fronteras terrestres.
La Sala advierte que la disposición por parte del Gobierno a las aerolíneas de impedir el abordaje del pasajero que no presenten una prueba de PCR negativa a COVID-19 “constituye una forma fraudulenta de evadir el cumplimiento de la medida cautelar ordenada en el amparo el 14 de septiembre de 2020”.
Con ello, de acuerdo con el máximo tribunal, se está infringiendo la orden dada por este tribunal, pues las aerolíneas podrían impedir su embarque y, al privarlos de este medio de transporte aéreo, obstaculizar su ingreso a El Salvador.
En tal sentido, dio a conocer que se da por incumplida la medida cautelar adoptada el pasado 14 de septiembre, que también fue ratificado el 18 de septiembre de este mismo año.
Es así como la Sala informó que se dará aviso a la Fiscalía General de la República (FGR), para que preceda ante la posible comisión de delitos.
“Dése aviso y en consecuencia certifíquese a la Fiscalía General de la República el presente auto y las resoluciones de 14 y 18 de septiembre de 2020 ante la posible comisión de delitos ocurridos en el desarrollo de este proceso derivados del incumplimiento de dichas resoluciones, por lo que esa institución deberá investigar la autoría y participación de los posibles implicados” dicta la resolución.
Los posibles delitos que deberá investigar la FGR, según la sala son: desobediencia, actos arbitrarios, coacción, incumplimiento de deberes u otros.
