Mediante una denuncia interpuesta ante la Sección de Investigación Profesional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), se dio a conocer que el Ing. Alexander Antonio Suriano, Director Ejecutivo de la Dirección Municipal para la Gestión Sustentable de Desechos Sólidos de la Alcaldía de San Salvador, denegó información relacionada con el expediente de Contratación del Servicio de Disposición Final de Desechos Sólidos que le fue otorgado a la Sociedad Gestión Integral de Desechos, S.A, propiedad del señor Nicolás Salume.
La denuncia fue interpuesta por el apoderado legal de la empresa KALI, S.E.M. DE C.V., ante la violación de normas éticas y leyes notariales por parte del abogado Luis Elías Botto Zuniga, quien en su calidad de notario, legalizó unas actas notariales que debían ser suscritas por el señor Salume en representación de la empresa Gestión Integral de Desechos, que incluían dos declaraciones juradas que la ofertante no estaba impedida para contratar con la municipalidad y que se comprometía a dar cumplimiento a las bases de contratación; sin embargo las actas no fueron firmadas por el señor Salume y solamente contaban con la firma del notario, quien manifestaba que el otorgante había firmado a su presencia y de forma conjunta.
De acuerdo con el denunciante dicha información que no se brindó era fundamental para determinar si ha existido malversación de fondos en esa municipalidad.
Como era de esperar, esta circunstancia descalificaba a la empresa Gestión Integral de Desechos, pero aún así el proceso siguió y el contrato fue adjudicado al señor Salume para recibir todos los desechos sólidos que se producen y recolectan en el municipio de San Salvador.
Al presentar recurso, el mismo Ing. Suriano, lo declaró inadmisible con lo que no se ha podido profundizar en esa adjudicación con vicios de oscuridad, por hechos de naturaleza formal, como también ante la inexplicable razón de por qué fue adjudicada una empresa que no cuenta con permisos ambientales, sino que debe subcontratar el servicio con la empresa PULSEM, que administra el botadero del Puerto de La Libertad, la cual también es propiedad del Señor Salume.
Ante tan graves ilegalidades, se han presentado distintas acciones legales, contra la forma que se ha generado esa contratación, entre estas se encuentra una denuncia contra el notario que inobservó al firmar previamente un documento sin contar con la firma del otorgante. Sin embargo, ante la solicitud de la Sección de Investigación Profesional de contar con una certificación de ambas declaraciones, el apoderado de la empresa KALI, lo solicitó ante la Unidad de Acceso a la Información de la municipalidad, mas le fue denegada la entrega ya que el Ing. Roberto Suriano, se justifica en que ese documento pretende ser utilizado con la finalidad específica de denunciar a un tercero.
A criterio del apoderado legal, con esta decisión el empleado municipal, está provocando una afectación de la empresa KALI, al estarle bloqueando el derecho a ejercer acciones legales, ya que la información solicitada corresponde a un expediente de contratación pública, en el que se habrían cometido presuntamente infracciones administrativas y de otra índole; esto es una grave ilegalidad, y la vamos a denunciar en todas las instancias competentes, ya que no vamos a permitir que se sigan manejando de una forma poco transparente los procesos de contratación que comprometen los fondos municipales, concluyó.
