EL SALVADOR.- Recientemente trascendió la noticia que una profesional del derecho interpuso un aviso penal ante la Fiscalía General de la República (FGR), contra el Secretario y Notificador del Juzgado Cuarto de familia de San Salvador.
Según se conoció, el aviso fue puesto debido a que supuestamente existen graves indicios que en dicho Juzgado se han cometido actos de corrupción “para favorecer a ciertos abogados y sus clientes, brindándoles trámites exprés” que contrastan totalmente con el alargamiento de plazos y actividad judicial que normalmente representa diligenciar un proceso de familia en ese tribunal.
Uno de los casos que llamó la atención del denunciante fue que un mismo usuario, en tres ocasiones, solicitó la declaratoria de divorcio de sus respectivos matrimonios y de su clienta con quien después contrajo matrimonio y todos los procesos se llevaron en el mismo juzgado, a pesar que en San Salvador, se cuenta con cuatro juzgados de familia,y a la vez con una oficina receptora y distribuidora de demandas que precisamente se encarga de direccionar cada demanda.
Para la profesional del derecho, es prácticamente imposible que dichas demandas (4) del mismo peticionante en distintos periodos, lleguen al mismo tribunal Juzgado Cuarto de Familia y sean adjudicados a los dos mismos, el Lic. Secretario y el mismo Notificador en todos los casos.
Es por ello que los indicios de corrupción quedan en evidencia, al advertir que al demandante se le siguieron sus dos procesos de divorcio con sus respectivas parejas, en el mismo tribunal y se resolvieron con inusitada celeridad impropia de los plazos legales que ordinariamente se requieren para llegar a sentencia en cualquier proceso de divorcio en el referido juzgado. Además, también tuvo un similar beneficio en el mismo juzgado, con un proceso resuelto en cuestión de días, una usuaria que solo meses después terminó por convertirse en la tercera esposa del otro demandante al que se hizo referencia previamente.
De acuerdo a la relación de hechos contenidas en el aviso penal, del que se tuvo conocimiento por parte de este medio, el demandante, habría tenido contacto permanente y compensando por medio de entrega de dádivas al Secretario y Notificador del juzgado de familia donde laboraban los señalados.
Por consecuencia, el pago de esas dádivas le habría permitido al demandante que se manipulara la oficina de distribución de demandas para que sus dos demandas de divorcios y el divorcio de su actual cónyuge, fueren remitidas al Juzgado donde laboran los señalados; las demandas habrían sido preparadas por el notificador, inclusive llegando a trabajarlas en la oficina del demandante y que durante el trámite para declarar la cancelación de los matrimonios contó con asesoría permanente del Secretario del juzgado; finalmente, logró que sus procesos se resolviesen en cuestión de días, cuando lo ordinario en dicho juzgado por un caso similar podía implicar de seis a ocho meses.
Los empleados judiciales señalados en la investigación también habrían asesorado y aceptado beneficios como dádivas en el seguimiento de otros procesos de familia y hasta en más de algún caso de adopción.
Finalmente, en el aviso penal, se solicitaron las bitácoras de registros telefónicos del Secretario y Notificador con el demandante y favorecido injustamente por tráfico de influencias, como por conductas que podrían ser constitutivas de los delitos de cohecho activo y cohecho propio.
