La embajadora de los Estados Unidos en El Salvador, Jean Manes, lamentó que la actual reforma a la Ley de Extinción de Dominio -que ya habría logrado acuerdo entre FMLN y los partidos minoritarios- que se estudia en la Asamblea Legislativa no cumple con los requisitos necesarios para combatir el crimen organizado y la impunidad.
“Sobre la Ley de Extinción de Dominio, es una herramienta importante clave en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Es lamentable que la reforma que está arriba de la mesa no cumple con las normas internacionales y eso es muy triste para El Salvador, y todos los salvadoreños, es un paso grande atrás contra la lucha contra la corrupción y la impunidad”, señaló la embajadora.
Anteriormente, Manes había dicho que era importante enviar señales claras a la comunidad internacional sobre la lucha contra la corrupción e impunidad. “Es importante que El Salvador siga en el camino de la lucha contra la corrupción en vez de hacer reformas que den pasos hacia atrás”, agregó.
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Sin embargo, los diputados del FMLN y GANA están claros que la ley violenta la presunción de inocencia y es inconstitucional, por lo que hay que reformarla.
El diputado Mario Tenorio, de GANA, dijo que definitivamente así como está la ley violenta el precepto constitucional, el derecho de toda persona, “no obstante la Ley recae sobre los bienes, pero estos son propiedad de una persona y estamos tratando que se desarrolle el principio de inocencia, estamos tratando que se desarrolle el principio a un debido proceso, estamos tratando que se desarrolle en la Ley el elemento de la no confiscación entre otras cosas”.
Mientras que la diputada efemelenista Jacqueline Rivera, agregó que “los dientes no se le quitan con la reforma porque usted va poder ser procesado cuando no justifique su incremento patrimonial, lo que hemos establecido es que haya procedimientos expeditos que le garantice al juez de extinción de dominio obtener los bienes quitarle los bienes al mal pero también que se respete el debido proceso”.
Por su parte, el ministro de Justicia y Seguridad Mauricio Ramírez Landaverde explicó que dicha Ley es una herramienta muy importante para la nueva estrategia a la que se ha enfrentado el tema de la criminalidad, “que es atacar las estructuras, atacar los bienes ilícitos y redes de lavado de dinero de la delincuencia organizada”.
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