El ministro de Trabajo, Rolando Castro, acusó a la Alcaldía de Usulután Norte de vulnerar reiteradamente los derechos laborales de sus empleados por incumplimientos en el pago de salarios y prestaciones, y advirtió que la institución podría enfrentar acciones penales si no cumple con sus obligaciones.

El Ministerio de Trabajo estableció el próximo 16 de noviembre como fecha límite para que la administración municipal -que encabeza la alcaldesa Luz María Cruz Torres, electa por el partido Fuerza Solidaria- cancele los salarios correspondientes a octubre a los trabajadores administrativos que todavía no reciben su remuneración. La medida responde a denuncias de empleados por atrasos salariales y pagos escalonados.

Castro aseguró que la institución mantiene instrucciones para verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales en todo el país, tanto en el sector público como en el privado, y señaló directamente a la comuna de Usulután Norte por los incumplimientos denunciados.

“La Alcaldía de Usulután Norte de forma permanente y continua ha vulnerado estos derechos. Estas faltas administrativas también son delitos penales y todos los empleadores sean públicos o privados deben tenerlo claro. Hemos otorgado un plazo, si no lo cumplen procederemos incluso de forma penal», señaló Castro.

El municipio de Usulután Norte lo integran nueve distritos: Santiago de María, Alegría,Berlín, Mercedes Umaña, Jucuapa, El Triunfo, Estanzuelas, San Buenaventura y Nueva Granada.

La advertencia ocurrió después de una mediación entre representantes de la municipalidad e inspectores del Ministerio de Trabajo, quienes comunicaron que el incumplimiento del plazo establecido podría generar sanciones contra la administración municipal.

La alcaldesa de Usulután Norte, Luz María Torres, no asistió a la reunión convocada para abordar los atrasos salariales que afectan a los trabajadores administrativos de la comuna.

El ministro también informó que instruyó a todas las jefaturas departamentales de la institución para garantizar el respeto a los salarios, las retenciones legales y las prestaciones de los trabajadores, independientemente de que sus empleadores pertenezcan al sector público o privado.