El vicepresidente salvadoreño, Felíx Ulloa, llamó este martes a valorar la integración de Centroamérica desde la perspectiva de la seguridad, con el caso de la reducción de la violencia de su país como ejemplo, ante «los desafíos del crimen organizado» transnacional.

«Un El Salvador más seguro no solamente beneficia a los salvadoreños, puede beneficiar a toda Centroamérica. Una región más segura puede atraer más inversión, una región mejor conectada puede comerciar más, una región estable puede competir mejor», declaró Ulloa en un evento público con motivo al comienzo de los actos conmemorativos de la independencia centroamericana de España.

Según Ulloa, «debemos comenzar a pensar la integración centroamericana de una manera diferente, no solamente como una estructura institucional, como reuniones entre gobiernos, tratados y declaraciones, sino como una verdadera integración práctica, especialmente una integración en materia de seguridad».

El Salvador, por ejemplo, redujo significativamente sus cifras de homicidios tras implementar un polémico régimen de excepción, que suspende garantías constitucionales a toda la población, en una llamada «guerra» contra las pandillas, históricamente señaladas de cometer los crímenes en este país.

«Los desafíos del crimen organizado no conocen fronteras, tampoco deben conocer frontera nuestra cooperación, nuestros esfuerzos contra el narcotráfico, contra la trata de personas, contra el lavado de dinero y nuevas formas de delincuencia transnacional», subrayó el vicepresidente Ulloa en el evento celebrado en el corazón de la capital salvadoreña.

Tras su independencia de España en 1821, las provincias de Centroamérica formaron en 1824 la República Federal de Centroamérica, pero su disolución se concretó en 1841.

En 1991, la región creó el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) conformada por Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana como miembros de pleno derecho, mientras que México, Estados Unidos y otros países tienen la categoría de observadores regionales.

En marzo de 2025, se dio el cese operativo de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) con la renuncia de Nicaragua, proceso que continuó Honduras el 30 de abril de 2026 y concluyó El Salvador el pasado 20 de mayo, dejando al ente sin el número legal de Estados parte para operar.

La CCJ era el órgano judicial principal y permanente del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y entre sus funciones estaba interpretar y aplicar los tratados del sistema, resolver controversias entre Estados miembros y conocer conflictos relacionados con los órganos de la integración centroamericana.

El Estatuto establecía que la Corte debía estar integrada por magistrados provenientes de los Estados parte y que su presupuesto debía ser financiado por estos países en partes iguales