Proponen asignar número de identificación desde el nacimiento 

Para los niños, niñas y adolescentes, el Registro Nacional, de acuerdo a la información brindada por las alcaldías municipales, les generará un número único de identificación desde su nacimiento

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El Gobierno, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, presentó a la Asamblea Legislativa una propuesta de reforma al decreto de creación del Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), que incorpora el uso de sistemas informáticos en los registros del estado familiar de las personas naturales y asigna un número desde el nacimiento.

El decreto aprobado en diciembre de 1995 establece que corresponde al Registro Nacional emitir el documento único de identidad (DUI) “para las personas naturales, el cual será suficiente para identificarlas fehacientemente en todo acto público o privado”.

La reforma agrega que le corresponde emitir el DUI para los salvadoreños que radiquen en el país y para los salvadoreños que residan en el exterior, y mantiene que “será suficiente para identificarlos fehacientemente en todo acto público o privado”.

La propuesta añade un inciso para el registro de menores de edad.

“Para los niños, niñas y adolescentes, el Registro Nacional, de acuerdo a la información brindada por las alcaldías municipales, les generará un número único de identificación desde su nacimiento”.

Las municipalidades estarán encargadas de llevar el Registro del Estado Familiar y “deberán ingresar a los sistemas informáticos del Registro Nacional de las Personas Naturales los hechos y actos jurídicos constitutivos, modificativos o extintivos en el momento de su registro”.

RNPN adscrito al Ejecutivo, no al TSE

Otro cambio solicitado es que presupuestariamente el RNPN ya no estaría adscrito al Tribunal Supremo Electoral (TSE), sino que se relacione con el Órgano Ejecutivo por medio del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.

La pieza de correspondencia con la reforma ingresó en la sesión plenaria del pasado 16 de mayo y pasará a estudio en la Comisión de Reformas Electorales y Constitucionales de la Asamblea Legislativa. Todas las solicitudes presentadas por el Ejecutivo son aprobadas por la legislatura, excepto la Ley de Agentes Extranjeros que quedó en el congelador ante reclamos de la comunidad diplomática.