EL SALVADOR.- Recientemente se dio a conocer el caso de una red de manipuladores liderados por un policía, que engañaban a las personas para realizar protestas, con lo cual se agenciarían fuertes cantidades de dinero.
El caso ocurrió en el occidente del país, específicamente en La Hacienda La Labor, en el municipio y departamento de Ahuachapán donde fue detenido el agente Jorge Alberto Zúñiga Artero, junto a Rosa Mirian Cinco y David Miro Escalante, acusados de irrumpir violentamente en las instalaciones de una empresa en la que algunos trabajadores fueron agredidos.
El hecho sucedió la noche de pasado 25 de octubre, cuando un grupo aproximado de 100 personas organizadas bajo la dirección de los procesados, se concentraron en la entrada principal de la propiedad privada “con objetos contundentes”, según detalla el requerimiento presentado por la Fiscalía General de la República (FGR).
Tras un lapso de tiempo de permanecer en el lugar, el grupo comenzó a lanzar los objetos contundentes, entre estos piedras, en contra de las personas que laboraban en el lugar.
La protesta había sido convocada como medida de presión ante una perforación de sondeo exploratorio en la propiedad particular, pero las acciones se salieron de control y los manifestantes agredieron a los trabajadores.
El caso ha generado diferentes reacciones pues los detenidos se identifican como defensores ambientales y líderes comunitarios y argumentan que esa fue la razón por la que convocaron la protesta que concluyó con los actos de violencia, amenazas, y la ocupación de las instalaciones privadas.
Por este caso los imputados enfrentaron audiencia inicial el pasado 29 de noviembre ante el Juzgado Segundo de Paz de Ahuachapán, donde el juez decretó prisión preventiva para tres acusados y cuatro seguirán el proceso judicial en libertad condicional.
Las siete personas procesadas son acusados por la Fiscalía General de la República por el delito de ocupación violenta de espacios comunales, habitacionales o de trabajo, contemplado en el artículo 345-B del Código Penal.
Los acusados que seguirán en prisión son: Rosa Cinco, David Escalante y Jorge Zúniga, capturados durante la madrugada del 25 de noviembre por orden del Juzgado de Paz del municipio de Ataco.
Mientras tanto seguirán el proceso judicial con medidas sustitutivas a prisión: Érika Solórzano, Kevin Menéndez, Mario Cinco y Adonaldo Artero, estos últimos quienes llegaron voluntariamente al juzgado donde se desarrolló la audiencia inicial.
Según la ley penal, este delito por el cual son procesados estas personas es sancionado con prisión de ocho a 12 años.
OCUPACIÓN VIOLENTA DE ESPACIOS COMUNALES, HABITACIONALES O DE TRABAJO
“Art. 345-B.- EL QUE PARTICIPARE EN FORMA INDIVIDUAL O COLECTIVA EN TOMAS U OCUPACIONES TEMPORALES O PERMANENTES DE INMUEBLES, CASERÍOS, RESIDENCIAS, EDIFICIOS, INSTALACIONES PRIVADAS, LUGARES DE USO PÚBLICO O DESTINADOS A CUALQUIER CULTO RELIGIOSO, SEA TOTAL O PARCIALMENTE; MEDIANTE VIOLENCIA, AMENAZAS O INTIMIDACIÓN, O ALUDIENDO RELACIÓN CON MIEMBROS DE PANDILLAS O MARAS, AGRUPACIONES, ASOCIACIONES U ORGANIZACIONES CRIMINALES, O EN NOMBRE DE ÉSTAS; Y AFECTANDO LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PÚBLICO O DE UTILIDAD PÚBLICA, LA TRANQUILIDAD DEL PERSONAL O USUARIOS, LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, ORDINARIAS O LA TRANQUILIDAD, SERÁ SANCIONADO CON PRISIÓN DE OCHO A DOCE AÑOS.”
Cabe señalar que según algunas personas de la zona donde se originó la protesta, los acusados eran personas manipuladoras y los califican como “lobos vestidos de oveja” pues señalan que a algunas personas las habrían llevado a estos actos a través de engaños.
“Son maleantes que se aprovechan de nuestra inocencia, de campesinos y nos manipulan, mientras a ellos les pagan buenos billetes”, dijo uno de los habitantes de La Hacienda La Labor, quien prefirió el anonimato pero aseguró fue engañado para participar en una protestar semanas atrás.
