EL SALVADOR.- El reloj marcaba las 7:30 de la noche y el calendario indicaba que era un 25 de octubre del año en curso, cuando un grupo de trabajadores, que realizaban sus labores para ganarse la vida en una propiedad privada ubicada en La Hacienda La Labor, cantón Chipilapa en el municipio y departamento de Ahucharán, sufrieron las agresiones de un grupo de personas que habían sido motivados por un supuesto activista para realizar una protesta.
El requerimiento de la Fiscalía General de la República con base a tres denuncias presentadas por lo que sucedió ese día, detalla que el grupo de manifestantes estaba compuesto por al menos cien personas que irrumpieron con violencia en las instalaciones privadas donde se realizaban los trabajos.
El grupo de manifestantes estaba conformado por algunos residentes de las comunidades de La Hacienda La Labor y otros movilizados de otros lugares, quienes se habían concentrado frente a la propiedad “portando objetos contundentes”, y desde la calle principal comenzaron a lanzar objetos como piedras y palos, y posteriormente ingresaron a la instalación, específicamente al área donde estaban los trabajadores.
Ese día el señor Giovanni Antonio Pineda Cabezas, iba a bordo de una motocicleta conducida por su hijo William Geovanni Pineda Galdámez a dejarle la cena al personal de la empresa de seguridad que resguardaba en el lugar, y fueron alcanzados por los objetos que las personas lanzaban.
“Al verlo comenzaron a gritarle “hay viene el gato, el vendido, el traidor”, se lee en la narración de los hechos del requerimiento fiscal sobre lo que sucedió ese 25 de octubre.
Los ataques no tenían una mayor razón sino que el señor Giovanni Pineda y su hijo llevaban el alimento a los trabajadores.
“El señor Giovanni Pineda le dijo a su hijo que se fuera despacio, luego vieron que un grupo de aproximadamente 15 o 20 les comenzaron a tirar piedras, de las cuales solo una le impactó en el talón del zapato ya que intentaron esquivarlas, pero las personas lograron meterse a la galera de la propiedad privada y se quedaron en el lugar hasta la 1:00 o 2:00 de la madrugada del día 26 de octubre” reza el documento judicial.
El temor ante la posibilidad de que los manifestantes atentaran contra la integridad física del padre y su hijo hicieron que permanecieran en el lugar mientras que las personas les gritaban “que no fuera a llegar a su lugar de residencia porque los iban a matar”
ese temor se mantiene ya que CONSIDERAN que sus vidas y de su grupo familiar corren riesgo y desde ya responsabilizan a los acusados de cualquier atentado .
Residentes del lugar
Los señalados directos por estas agresiones son: Jorge Zúñiga, Rosa Cinco, Erika Solórzano, Mario Cinco, y Adonay Artero, aunque el total de acusados son 11, de los cuales 3 están detenidos. Ellos fueron los que lanzaron piedras contra él y contra su hijo; según la denuncia.
Además de ellos, otras dos personas también fueron agredidas ese día, lo cual fue acreditado por el médico forense del Instituto de Medicina Legal de la ciudad de Ahuachapán, Dr. Oscar Alexander Castillo Ramírez.
El médico realizó los análisis al señor Wilson Emmanuel Rodríguez Ramos quien presentó un edema moderado en el tobillo izquierdo, por el cual recibió estuvo incapacitado durante cinco días y de igual manera, resultó con una lesión Gerardo Rafael Rodríguez Fabián, que aunque no generó una incapacidad evidenció la violencia con la que actuaron los imputados “quienes se encontraban ocupando propiedad privada, realizando actos contrario a la ley específicamente, amenazando y realizando actos de violencia” dicta el requerimiento.
El denunciante señala en este caso a los señores José David Miro Escalante, Kevin Menéndez, Erika Solórzano, Mario Cinco y Adonay Artero como los responsables de haberles causado el daño físico y las lesiones, así como de haberlos retenido por un tiempo de tres horas aproximadamente ese día.
Ante estos hechos, a consideración de la Fiscalía, los actos descritos se adecuan al delito de ocupación violenta de espacios comunales habitacionales o de trabajo, previsto y sancionado en los artículos 345-B del Código Penal de El Salvador dado que “dichas personas ejercieron presión por medio de violencia y amenazas, con el propósito que se detuviera la perforación del pozo el cual se encuentra a unos quince metros de la calle principal”.
Si bien, la parte acusada ha manifestado que el fin de las exigencias era detener los trabajos que se realizaban en el lugar, estas exigencias se realizaron mediante violencia y agrediendo a las personas que se encontraban laborando, reitera el Ministerio Público.
OCUPACIÓN VIOLENTA DE ESPACIOS COMUNALES, HABITACIONALES O DE TRABAJO
“Art. 345-B.- EL QUE PARTICIPARE EN FORMA INDIVIDUAL O COLECTIVA EN TOMAS U OCUPACIONES TEMPORALES O PERMANENTES DE INMUEBLES, CASERÍOS, RESIDENCIAS, EDIFICIOS, INSTALACIONES PRIVADAS, LUGARES DE USO PÚBLICO O DESTINADOS A CUALQUIER CULTO RELIGIOSO, SEA TOTAL O PARCIALMENTE; MEDIANTE VIOLENCIA, AMENAZAS O INTIMIDACIÓN, O ALUDIENDO RELACIÓN CON MIEMBROS DE PANDILLAS O MARAS, AGRUPACIONES, ASOCIACIONES U ORGANIZACIONES CRIMINALES, O EN NOMBRE DE ÉSTAS; Y AFECTANDO LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PÚBLICO O DE UTILIDAD PÚBLICA, LA TRANQUILIDAD DEL PERSONAL O USUARIOS, LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, ORDINARIAS O LA TRANQUILIDAD, SERÁ SANCIONADO CON PRISIÓN DE OCHO A DOCE AÑOS.”
Siendo así, el requerimiento fiscal señala que se denota la conducta ilícita con la que actuaron los imputados, en actos en los que mediaron la violencia, amenazas, e incluso causando daños físicos en la integridad de afectados.
Cabe señalar que los imputados son señalados por habitantes de la Hacienda La Labor de Ahuachapán que prefirieron mantener el anonimato por temor a represalias, por que los imputados se identifican de engañar manipular y obligar a a las personas para que participaran en las protestas de las cuales obtienen fuertes cantidades de dinero.
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