EL SALVADOR.- Mediante una conferencia de prensa realizada la mañana de este sábado, la organización CRISTOSAL amplió detalles sobre una demanda presentada en contra del Estado salvadoreño, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La abogada Ruth Eleonor López detalló que la denuncia argumenta vulneraciones de derechos de los jueces y juezas, como el derecho a la igualdad y no discriminación, respeto al principio de legalidad, a ser juzgados mediante un procedimiento previo y legalmente establecido, entre otros; por lo cual se le pide a la CIDH emita medidas provisionales para que el Estado salvadoreño suspenda la entrada en vigencia de las reformas a la ley de la Carrera Judicial, las cuales ya fueron sancionadas y publicadas en el Diario Oficial, y entraría en vigencia el próximo 25 de septiembre..
Dichas reformas a la Ley ordenan la destitución de jueces y magistrados de segunda instancia mayores de 60 años o que hayan cumplido 30 años o más en el ejercicio de sus funciones. Así se estaría realizando la destitución “arbitraria e inconstitucional”, según Cristosal, de de más de 240 jueces y magistrados.
“Es la consumación del golpe de Estado contra el Órgano Judicial”, pues con ello se elimina el sistema de pesos y contrapesos establecidos en la Constitución de la República.
En ese sentido, se solicitan las medidas provisionales, ya que de acuerdo con los abogados, El Salvador, como firmante de la Convención Interamericana de Derechos Humanos está obligado a cumplir las resoluciones que la Corte Interamericana de Derechos emita.
Según López, las reformas a la ley de la Carrera Judicial representan una forma de gobierno “que no consulta, como también ocurrió con la Ley Bitcoin y otras acciones” del Ejecutivo.
La demanda cuenta con la representación de 56 jueces y juezas y es en contra de la Asamblea Legislativa y el presidente de la República Nayib Bukele.
Según Cristosal, la demanda ante el organismo internacional se ha realizado ante la falta de mecanismos internos debido a la ilegitimidad de la Sala de lo Constitucional.
