EL SALVADOR.- El expresidente de la República, Alfredo Cristiani, fue el primero en comparecer este miércoles ante los diputados que integran la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa que investiga la entrega de sobresueldos provenientes de fondos públicos de Casa Presidencial a funcionarios, personas naturales o jurídicas en los gobiernos anteriores, para el caso específico, en los gobierno del partido ARENA.
El expresidente del país y además expresidente del partido ARENA, llegó desde muy temprano a las instalaciones de la Asamblea, atendiendo el llamado de los diputados para rendir su declaración y esclarecer el destino de los fondos otorgados en concepto de sobresueldos.
La comisión especial informó que ha convocado a dos expresidentes de la República y del partido ARENA, como parte del primer grupo que debe rendir explicaciones por el destino de los fondos. También han sido citados para este día Arturo Tona y Élmer Charlaix, quienes fungieron como exsecretarios privados de las presidencias de Alfredo Cristiani y Elías Antonio Saca, respectivamente.
Los diputados han argumentado que los citatorios están basado en el artículo 56 del Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa que establece que “los funcionarios y empleados públicos, inclusive los de instituciones oficiales autónomas y los miembros de la Fuerza Armada, están en la obligación de colaborar con las comisiones especiales”. El mismo artículo establece que la comparecencia y declaración de las personas requeridas por las comisiones son “obligatorias”, bajo los mismos apercibimientos de procedimientos judiciales.
El artículo 57 también estipula que las personas convocadas a declarar están obligada a hacerlo bajo juramento, por tanto, en caso de testimonio falso, también se les hace del conocimiento las penas que la ley impone por el delito de falso testimonio.
La sesión de la comisión estaba programada para las 9:00 a.m. pero se retrasó por al menos una hora, y no estaban presentes diputados de los partidos ARENA ni FMLN.
Según el artículo 305 del Código Penal quien en declaración como testigo ante autoridad competente, afirmare una falsedad, negare o callare, en todo o en parte, lo que supiere acerca de los hechos y circunstancias sobre los cuales fuere interrogado será sancionado con prisión de dos a cinco años.
