El mal récord crediticio deberá ser borrado en 24 horas cuando las personas paguen sus deudas

"Los burós de crédito deben regirse por reglas que respondan a los intereses de los salvadoreños", dijo la diputada Dania González.

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EL SALVADOR.- Los diputados Nuevas Ideas que integran la Comisión Financiera presentaron una iniciativa de reforma a la Ley del Historial Crediticio, mediante la cual se busca que los burós del crédito actualicen el récord crediticio de las personas, 24 horas después de que estos paguen sus deudas.

De acuerdo con la diputada cyan, Dania González, el paquete de reformas a la ley está basado en las denuncias de la población, por lo cual se busca hacer justicia financiera, y al mismo tiempo proteger los datos de los usuarios del sistema financiero para que no se den abusos.

“Hemos regulado la ley para que estas empresas sigan funcionando, pero bajo nuevas y mejores reglas. Estamos velando por el derecho al honor y a la intimidad de los salvadoreños, ya que hemos identificado abusos de parte de estos burós de crédito”, manifestó la diputada.

La parlamentaria señaló que se tiene información que confirma que estas empresas comercializan la información crediticia de los usuarios “sin previa autorización”.

“Los burós de crédito deben regirse por reglas que respondan a los intereses de los salvadoreños”, dijo la diputada haciendo referencia a una auditoría que realizó la Superintendencia del Sistema Financiero la cual habría revelado que las empresas hacen una mala administración del historial crediticio de los salvadoreños.

“El historial crediticio no tiene que ser una herramienta para enriquecerse; al contrario, es para darle solidez al sistema financiero. Invitamos a los involucrados en estas reformas a que cumplan con las atribuciones que les competen”, dijo por su parte el diputado William Soriano.

El paquete de reformas contempla además un aumento al capital de las empresas involucradas para que inviertan en una aplicación móvil donde las personas puedan revisar su historial crediticio en tiempo real.

Los burós de crédito tendrán 180 días para actualizar toda la información de la población, mientras que a partir de 90 días el Banco Central de Reserva (BCR), deberá emitir la normativa correspondiente para robustecer este marco legal.