Miles de trabajadores privados y estatales, así como organizaciones universitarias, campesinas y derechos humanos, llevaron a cabo este viernes una huelga general en Chile para exigir la renuncia del presidente Sebastián Piñera, quien fue denunciado ante la Corte Penal Internacional (CPI) por los abusos policiales en las protestas de Chile.
Los reclamos en contra del mandatario son múltiples, desde el manejo de la crisis sanitaria que, a pesar de la exitosa de campaña de vacunación, vive su momento más crítico con toque de queda, restricciones y récord de contagios y muertes.
“Chile vive hoy una profunda crisis política, institucional, económica y social. Crisis expresada también desde los partidos que apoyan al gobierno, por un nefasto e indolente presidente”, señaló el manifiesto publicado por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y que fue firmado por ciento de agrupaciones.
El eje puntual del reclamo tiene que ver con la negativa del presidente a un polémico tercer retiro de los fondos pensiones, ante los estragos que la pandemia causa en la ciudadanía y ayudas sociales tardías.
El escrito lamenta que las y los trabajadores paguen la crisis de la pandemia al tener que recurrir a ahorros que estaban destinados a su jubilación, por lo que consideran urgente una renta básica de emergencia.
La huelga profundiza la crisis del Gobierno en una semana en el que las encuestas ratificaron que la popularidad de Piñera apenas llega al 9,0 %, uno de los registros más bajos desde que asumió el poder, en marzo del 2018. “El presidente de un dígito”, ya lo han llamado en redes sociales.
Ayer varias organizaciones sociales chilenas e internacionales presentaron una acusación ante la Corte Penal Internacional para que el presidente sea juzgado por crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos durante las masivas manifestaciones de 2019, el llamado “estallido social”, que dejaron una treintena de muertos y miles de personas heridas.
El escrito cuenta con el respaldo de la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CHDH), la Asociación Americana de Juristas (AAJ) y el Centro di Ricerca ed Elaborazione per la Democrazia (CRED). La Corte podría tardar años solo en declarar la admisibilidad del recurso, por lo que se espera que sea un proceso largo.
