EL SLVADOR.- Los diputados de la Comisión Política de la Asamblea Legislativa decidieron enviar al archivo la solicitud del diputado de ARENA, Ricardo Velásquez Parker, mediante se buscaba aplicar el procedimiento que establece el Art. 131, ordinal 20 de la Constitución de la República, para declarar la incapacidad mental del presidente de la República, Nayib Bukele. Como era de esperar, el diputado solicitante reaccionó a la decisión.
“Yo he planteado una potestad constitucional al debate. Si mis colegas diputados y parlamentarios no quieren debatir un tema porque es tabú o porque les parece incomodo o que es inconveniente en este momento estarían en su potestad y la belleza de la democracia es precisamente tener la potestad de discutir y plantear por escrito ya sea un representante del pueblo entero o incluso cualquier ciudadano a pedir por escrito sus pretensiones a la autoridad” expresó en tono molesto el diputado.
Seguido de estas palabras declaró: “Me parece que se están victimizando de la manera más estúpida y si no lo quieren debatir también es potestad de mis colegas no debatir el tema”.
“Quienes quieran descalificarme por no querer debatir, yo no sabía que en políticas existían tabúes, ahora voy aprendiendo que hay algunos temas que les ponen nerviosas las asesorías a los diputados y me parece que lo que ocurrió el 9 de febrero fue un hecho de facto” añadió Parker.
Si bien la iniciativa fue enviada al archivo, esto no significa que fue descartada como sino que “quedó engaveta” explicó el parlamentario, quien al mismo tiempo señaló que de acuerdo con potestad del presidente de la comisión podría llegar a ponerse en agenda en alguna otra ocasión.
Por otra parte dio su visto bueno a que se invoquen consecuencias jurídicas por lo ocurrido el 9 de febrero de 2020 en el salón Azul de la Asamblea Legislativa.
“Lo que ciertamente que es positio es la invocación a consecuencias jurídicas y escuchaba a algunos de mis colegas aquí en la Comisión Política que no puede quedar el acto de facto, que si fue una irrupción violenta y tumultuaria a la Asamblea Legislativa el 9 de febrero y estas consecuencias jurídicas tienen que alcanzar a los responsables temprano o tarde” indicó.
