El Ministro de Hacienda Alejandro Zelaya junto al Viceministro de Hacienda, Jerson Posada, acudieron esta tarde a la Fiscalía General de la República (FGR), para presentar un aviso en contra del magistrado presidente de la Corte de Cuentas de la República (CCR). Roberto Anzora.
Según declaraciones del ministro el aviso es por el posible cometimiento de dos delitos, uno por irrespeto al secreto profesional y dos, por falta a la imparcialidad político partidaria, luego que el presidente de la CCR adelantara información sobre una auditoría realizada al Ministerio de Hacienda.
“El presidente de la Corte de Cuentas adelantó criterio sobre una comunicación preliminar de auditoría, antes que se notificara de forma oficial al Ministerio de Hacienda. Esto constituye una posible violación al artículo 324 del código penal” argumentó Zelaya ante la prensa tras presentar el recurso.
El funcionario de gobierno sostuvo además que el magistrado en mención según la Ley, no tiene acceso a archivos de auditoría; en tal sentido cuestionó ¿Cómo es que obtuvo esa información?. Al mismo tiempo dijo que Anzora adelantó criterio.
“El proceso está viciado, nadie nos asegura que se vaya a respetar el derecho al debido proceso. Con este aviso penal vamos a sentar un precedente para que no se usen las instituciones con fines electorales”, aseveró Alejandro zelaya.
Según las declaraciones del presidente del Corte de Cuentas de la República (CCR), Roberto Anzora, al Ministerio de Hacienda se le realizó un análisis que comprendió desde el mes de enero hasta septiembre de 2020, mediante el cual se habría corroborado que dicha cartera de Estado tuvo ingresos para hacer las transferencias del 10% correspondientes al Fodes de las municipalidades, pero estas no se realizaron pese a poder hacerse y a la fecha se mantiene un atraso de varios meses.
“Esa es una situación que estamos valorando, porque el ministerio ha hecho una priorización de fondos a través de un memorándum, pero en el caso de las transferencias de fondos a las municipalidades es una asignación que por ley debe de otorgárseles a los municipios, entonces los auditores están profundizando en el análisis para determinar las responsabilidades correspondientes” mencionó Anzora.
