Por violaciones a la Ley de Medio Ambiente, el Juzgado Ambiental de Santa Tecla impuso en las últimas horas una serie de medidas cautelares obligatorias a Gestión Integral de Desechos Ciudad y Puerto de La Libertad, S.E.M. de C.V., o PUL SEM de C.V., ubicado en cantón Melara, la cual es representada legalmente por el señor Nicolás Salume.
Según informó el abogado Sergio Portillo Toruño, el tribunal ordenó la suspensión inmediata del ingreso de desechos sólidos a dicho relleno que excedan a 500 toneladas diarias, una medida que deberá cumplirse en 24 horas. De igual forma da un plazo de cinco días hábiles para que entregue a dicho tribunal ambiental un reporte que tenga el total de desechos sólidos ingresados desde octubre de 2018 hasta el mes de abril de 2019.
El botadero estaba recibiendo desde el mes de mayo de 2018, desechos de varios municipios pese a que no contaba con un permiso ambiental y que no tenía capacidad para procesarlos.
Pero eso no es todo, la resolución también da un plazo de 30 días al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) para que realice una auditoría a dicho relleno sanitario e informe si se está cumpliendo con las condiciones que le fueron impuestas en el permiso ambiental que le concedió la exministra Lina Pohl.
El juzgado ambiental ordena que cada 15 días se fiscalice la cantidad de desechos sólidos que ingresan al relleno.
Por otra parte, se ordena al Ministerio de Trabajo y Previsión Social que en un plazo de 15 días informe si las personas que trabajan en dicho relleno cuentan con el equipo adecuado y que no afecte y ponga en riesgo su salud. De no acatarse estas medidas, los propietarios incurrirían en la comisión del delito de Desobediencia de Particulares.
