Jueza Ambiental de Santa Ana seguirá conociendo el caso Tacuscalco

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EL SALVADOR.- La jueza ambiental de Santa Ana, Elizabeth de Milla, quien el año pasado ordenó la paralización de la construcción de la residencial “Acropolis” en el departamento de Sonsonate, continuará conociendo el caso denominado Tacuscalco.

Fue la misma jueza quien confirmó la información la tarde del pasado jueves 21 de febrero de 2019 asegurando que la Cámara Ambiental de Segunda Instancia declaró como inadmisible la solicitud presentada por Inversiones Fénix (la constructora responsable de la destrucción de Tacuscalco) donde pedía que se separe del proceso a De Milla.

“La simple inconformidad con lo resuelto por la Juzgadora, por no acceder a las pretensiones de la abogada recusante o resolver contrario a sus intereses no es motivo para separar a la misma del conocimiento del caso planteado”, se lee en la resolución.

En abril 2018, De Milla ordenó el paro de labores en el lugar, debido a una denuncia realizada en octubre pasado por los arqueólogos del Ministerio de Cultura y la construcción está en suspenso desde marzo de 2018, por dicha sentencia de ese mismo tribunal ambiental que afectó a miles de trabajadores.

El proyecto tiene un costo de 20 millones de dólares de inversión, y con la construcción de 643 viviendas, al momento de la suspensión de las obras, las residencias estaban en un 80 por ciento de avance.

Sobre el proyecto habitacional, la Secretaría de Cultura ha argumentado que las más de 20 manzanas de terreno, donde se construye el proyecto, albergan vestigios del sitio arqueológico Tacuscalco.

La apoderada de la empresa constructora, señaló en la recusación presentada ante la Cámara, que la jueza Ambiental emitió resoluciones contradictorias, lo cual vulnera la seguridad jurídica de su representada, añadiendo que las mismas no tienen asidero legal y que obedecen a un mero cambio de opinión por parte de dicha juzgadora.

Así como también, que las resoluciones de la jueza respecto a las medidas cautelares carecen de presupuestos procesales, y evidencian arbitrariedad y motivaciones personales, entre otros.