En horas de la noche del lunes 6 de noviembre, la prensa internacional dio a conocer la decisión del Gobierno de Estados Unidos en cuanto al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para los países de Honduras y Nicaragua.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de EUA, el acuerdo que da protección temporal para los ciudadanos nicaragüenses en EUA no será renovado, por lo que llegará a su final el próximo 5 de enero del año 2019.
La secretaria interina de Seguridad Nacional, Elaine Duke, concluyó que el beneficio conocido por sus siglas en inglés como TPS ya no es necesario en Nicaragua. La funcionaria concedió 12 meses adicionales de vigencia al programa, hasta enero de 2019, para permitirle a los 5.000 nicaragüenses explorar alternativas para ajustar su estatus migratorio o planificar el regreso a casa, mientras que a Nicaragua le serviría para preparar la acogida de sus connacionales.
Duke postergó una decisión definitiva sobre Honduras para analizar información adicional, por lo que la vigencia del beneficio se extiende automáticamente seis meses, hasta julio de 2018.
El Departamento de Seguridad Nacional formuló el anuncio el lunes, 60 días antes de que expirara el 5 de enero la protección para Honduras y Nicaragua, que obtuvieron el TPS en 1999 debido a los destrozos causados por el huracán Mitch un año antes.
La oficina investigadora del Congreso estadounidense dijo este mes que las autoridades prevén que solo 57.000 hondureños y 2.550 nicaragüenses habrían gestionado la extensión del beneficio.
El TPS para unos 260.000 salvadoreños, el grupo más numeroso de todos los beneficiarios, vence en marzo.
La protección migratoria temporal actualmente incluye a 435.000 nacionales de nueve países afectados por conflictos o desastres naturales, que residían en Estados Unidos –con o sin papeles– en el momento en que sus países recibieron la designación. Si bien el estatus fue concebido como una solución temporal, fue renovado durante los gobiernos de George W. Bush y Barack Obama por temor de que esos países no pudieran acoger a tanta gente.
Desde que llegó a la Casa Blanca, el gobierno de Trump eliminó la protección para Sudán y concedió a 60.000 haitianos una extensión de solo seis meses y no los 18 habituales desde el devastador terremoto de 2010.
Duke dijo el lunes que Nicaragua no solicitó una extensión del TPS, pero Honduras y El Salvador han cabildeado intensamente a favor de extenderlo, advirtiendo que un retorno repentino de grupos tan numerosos complicaría la meta de mejorar la calidad de vida en sus países, lo que a su vez podría incrementar el flujo migratorio ilegal hacia Estados Unidos.
Partidarios de extender el TPS alegan que su eliminación afectará la vida de familias plenamente integradas a la sociedad estadounidense aun cuando sus países natales continúan complicados.
El senador demócrata Ben Cardin dijo el fin de semana que El Salvador y Honduras padecen las tasas de homicidios más altas del planeta. “Sugerir que los beneficiarios de TPS deben regresar a casa ante tales riesgos es no solo inhumano, sino que podría desestabilizar a cada país”, indicó.
Cuatro representantes del sur de Florida presentaron la semana pasada un proyecto de ley bipartidista que busca conceder la residencia permanente a los nicaragüenses, hondureños, salvadoreños y haitianos con TPS.
Otro grupo de representantes demócratas de Nueva York y California presentó también la semana pasada una propuesta similar, según la cual aquellos beneficiarios de TPS durante más de tres años podrían optar a la naturalización sin salir del país
