El fiscal general de la República, Douglas Meléndez, criticó fuertemente esta tarde a todos los empresarios, magistrados, abogados y políticos que han expresado que la ley de extinción de dominio y su aplicación es inconstitucional, por lo que “buscan modificarla”.
Meléndez, en general, les dijo que muchos “no tienen ni conocimiento de la ley”, ni de derecho penal, incluso mencionó que lo han hecho con el objetivo de hacer retroceder la aplicación de la misma por defender intereses particulares de personas y sectores.
“Una ley usted la puede mejorar, pero no puede hacer que una ley vaya en retroceso o que una ley se pretenda modificar o derogar porque está lesionando intereses particulares de personas o sectores, eso no se vale”, advirtió Meléndez durante la presentación de su informe de la mitad del período fiscal y aspectos de criminalidad.
Entre las personalidades y exfuncionarios que han develado supuestas arbitrariedades de la ley e inconstitucionalidades está el exfiscal general Félix Garrid Safie y el exmagistrado presidente de la Cámara de lo Penal Ulises del Dios Guzmán, quienes han señalado que la ley violenta los derechos de las personas y es inconstitucional porque a nadie se le pueden quitar sus bienes antes de ser vencido en juicio. Esto ha sucedido con los casos del expresidente Antonio Saca y con la empresa Gumarsal.
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También el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), René Hernández Valiente y el exministro de Justicia y Seguridad, Francisco Bertrand Galindo, arremetieron con la acción fiscal cuando confiscaron propiedades de la familia del expresidente Francisco Flores
Para Hernández Valiente fue absurdo absurdo aplicar la Ley de Extinción de Dominio en el caso de la familia del expresidente Flores. “No hay base fija, sólida ni una certeza jurídica que obligue a una incautación o expropiación en el caso de Francisco Flores; hay un fallecimiento (la persona sujeta del proceso), hay una prueba de incautación de bienes de Flores que pertenecían a su madre, a su abuelo y a su bisabuelo”, puntualizó en declaraciones a El Diario de Hoy.
En ese sentido, Hernández Valiente se preguntó: “¿Qué tienen que ver las propiedades de su abuelo y bisabuelo con el dinero que vino de Taiwán?, la respuesta es nada… si esas propiedades son el esfuerzo de toda una vida de la familia del exmandatario. Con los embargos se atenta contra los derechos fundamentales que debemos reconocer en El Salvador”, señaló.
Por su parte, Bertrand Galindo dijo que el tema de la extinción de dominio en Flores “es improcedente y si lo hacen, lo hacen sin haber una sentencia, sin una declaración de ilicitud de los fondos y no hay base alguna para haberse iniciado el proceso”.
A los señalamientos se sumó el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional de ARENA (COENA), Mauricio Interiano, quien lamentó que a la Fiscalía se le pasó la mano en la aplicación de la ley en las propiedades de Flores. “En este momento se les pasó la mano porque han pasado por encima de los derechos”, afirmó Interino en una entrevista radial.
Otro arenero que lanzó duras críticas fue el diputado Norman Quijano, quien afirmó que “aquí la Fiscalía en determinado momento como que se convierte en la abanderada de la presunción de culpabilidad y no reconoce el principio de presunción de inocencia que garantiza la Constitución”.
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Esta tarde el Fiscal Meléndez defendió la aplicación de la Ley: “En este momento, hay muchas manifestaciones que se hacen en los medios de comunicación en entrevistas… de personas que no tienen ni el mínimo conocimiento del derecho penal, no tienen ni el mínimo conocimiento del tema del crimen, no tienen el mínimo conocimiento en materia especializada, en la materia de extinción de dominio y hacen aseveraciones fuertes incluyendo abogados”.
Agregó que hace poco escuchó a un “expresidente de la Corte Suprema de Justicia haciendo aseveraciones tan equivocadas y fuertes diciendo que los fiscales que andaban actuando contra bienes en extinción de dominio, estaban cometiendo delitos de lesa humanidad dijo vinculadas a la Constitución”.
El fiscal mencionó que cuando se procedió a aplicar la ley a “sectores poderosos” fue cuando les empezó a incomodar. “Pero la normativa es buena”, dijo.
"No vamos a permitir que entidades públicas o funcionarios acuerpen a estructuras terroristas".
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) July 12, 2017
Aseveró que durante su periodo como titular de la FGR, por extinción de dominio han incautado 142 inmuebles, 312 vehículos y casi medio millón de dólares en efectivo.
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